El primer juicio por un caso de bebés robados en España se abrió este martes, décadas después de conocerse que numerosos recién nacidos fueron sustraídos a sus madres para ser entregados a familias adoptivas bajo la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).
Eduardo Vela, un antiguo obstetra de la madrileña clínica San Ramón, de 85 años de edad, está acusado por Inés Madrigal, empleada de ferrocarriles de 49 años, de haberla separado de su madre biológica y falsificar su acta de nacimiento, en junio de 1969.
Este doctor, denunciado desde hace años por la prensa, será el primer presunto responsable de robo de bebés en sentarse en el banquillo de los acusados, gracias al testimonio de la madre adoptiva de Inés Madrigal, Inés Pérez, ya fallecida.
El juicio se inició a las diez de la mañana (08H00 GMT), y Eduardo Vela, por el que la fiscalía pide 11 años de prisión, comenzó a responder a las preguntas del tribunal que juzga el caso en Madrid.
Madrigal fue por su lado recibida entre vítores por unos cincuenta manifestantes, que acudieron a las puertas del juzgado luciendo pancartas con el lema «¡Justicia!».
«Ya no es mi caso, esto ha trascendido, todo el mundo sabe que en este país se robaron niños, en todo el territorio español (…) Es muy importante que se dé un paso, porque tenemos fecha de caducidad. Las personas se mueren. Las personas que perdieron a sus hijos ya son muy mayores, algunas ya han muerto», declaró Madrigal ante la prensa.
Entre los manifestantes había algunos directamente afectados por el robo de niños, como Carmen Lorente, una mujer de 55 años que vino expresamente de Sevilla y que sostiene que le quitaron a su bebé en 1979.
«Es un día muy importante para todos los afectados y para todas las madres», dijo a AFP, deseando que este caso «sea el hilo conductor para que se resuelvan los demás casos».
El problema de la impunidad
Después de años intentando en vano tener un hijo, Inés Pérez contó que Vela le «regaló» un bebé. El doctor le pidió simular un embarazo y luego la declaró como madre biológica de la recién nacida.
Ante la justicia, Vela reconoció en 2013 haber firmado el expediente médico, que indicaba que asistió al parto, argumentando que «firmaba cosas sin leerlas».
«En el juzgado yo consto como hija de una mujer estéril que nunca parió», resume Inés Madrigal.
Casos como este podrían contarse por decenas de miles, según organizaciones que desde 2010 buscan sacar a la luz este tráfico que comenzó bajo la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), frecuentemente con la complicidad de la Iglesia católica.
Los hijos les eran arrebatados a los padres tras el nacimiento y declarados muertos, sin que se aportaran pruebas de ello, y adoptados por parejas estériles, de preferencia cercanas al régimen «nacional católico».
Tras la Guerra Civil (1936-1939), el objetivo era castigar a los adversarios acusados de transmitir «el gen rojo» del marxismo, afirma Soledad Luque, presidenta de la asociación «Todos los niños robados son también mis niños».
El fenómeno afectó luego a niños nacidos fuera del matrimonio, o en familias pobres o bien muy numerosas. Dicho tráfico perduró en democracia, por razones económicas, agrega Luque.
A Cristina Moracha, el personal de una maternidad en Madrid le dijo que el bebé que había dado a luz en mayo de 1984 estaba muerto, sin mostrarle el cuerpo ni la sepultura.
«Me [dijeron] que dejara de llorar, que yo tenía una niña de 15 meses que me necesitaba y que era joven y tendría más hijos», recuerda Moracha a la AFP.
«Tienes que estar contenta que Dios ha elegido a tu bebé para llevárselo con él», le dijo una monja.
Pese a la amplitud del escándalo, denunciado por primera vez en la prensa en 1982, ninguna de las más de 2.000 denuncias de hechos similares ha llegado a buen puerto.
«La palabra impunidad es la que une las tres etapas», dice Luque, quien busca a su hermano gemelo desaparecido en 1969 en una maternidad de Madrid en dudosas circunstancias.
Esperanza y resignación
El hecho de ser un caso pionero empuja a Inés Madrigal a perseverar, con la esperanza de que la decisión marque jurisprudencia y sea útil «a muchas más personas que vienen detrás», señala ella.
Pero luego de tantos años, las familias caen en la resignación.
Los protagonistas desparecen al correr de los años, como la monja María Gómez Valbuena, considerada frecuentemente como la cabecilla del tráfico en Madrid, y muerta antes de ser juzgada.
El doctor Vela, «simplemente con acogerse a su derecho a no declarar», puede impedir que se sepan más cosas, lamenta Cristina Moracha.