Los desembolsos del organismo implicarán un financiamiento neto de 0,7% del PBI y permitirán cubrir el financiamiento externo del año
Argentina recibirá del FMI durante 2022 un total de US$ 24.240 millones -17.500 millones en DEG, la moneda del Fondo-, en desembolsos del organismo que implicarán un financiamiento neto de 0,7% del PBI y le permitirán cubrir el financiamiento externo del año, según lo previsto en el acuerdo difundido este viernes por el Gobierno nacional.
Así se desprende del Memorando de Políticas Económicas y Financieras de la carta de intención que el Ejecutivo envió para su aprobación en el Congreso, antes de solicitar formalmente al Directorio la firma por un nuevo acuerdo ante el FMI.
En el «Marco de políticas y programa económico 2022-24» pactado en el citado documento, necesario para acceder al refinanciamiento de los vencimientos de capital por US$ 45.000 millones de la gestión anterior, la Argentina se compromete a «mantener la recuperación económica y social en curso y, al mismo tiempo, reforzar la estabilidad y continuar abordando los desafíos para sostener el crecimiento en el largo plazo».
Asimismo, el Gobierno reveló un plan de financiamiento público por los próximos tres años en que durará el programa que firmarán la Argentina y el FMI, del que se desprende que el primer desembolso del organismo, previsto apenas se apruebe el acuerdo, será de US$ 9.800 millones.
Esos dólares ingresarían al país a fines de marzo y permitirán cancelar el vencimiento crítico por 1.900 millones de dólares, heredado del programa anterior.
El Gobierno se comprometió a implementar iniciativas y políticas para «mejorar las finanzas públicas para asegurar la sostenibilidad de la deuda sin comprometer la recuperación, implementando al mismo tiempo políticas para reducir las profundas brechas sociales y de infraestructura».
Asimismo, el Gobierno se compromete a «reducir de forma duradera la persistente inflación elevada mediante una estrategia de varios frentes que incluya una combinación de políticas fiscales, monetarias y de precios e ingresos», entre las políticas destacadas.
De esta forma, se prevé un esquema de metas de inflación dentro de un rango estimado, de manera que para 2022 se espera que la misma se ubique dentro de un rango de 48% a 38%; para 2023 en el rango de entre 42% a 34%; y para 2024, el último año de duración del programa con el FMI, se encuentre entre el 37% a 29%, de manera de ir reduciéndola de manera gradual.
Asimismo, el Gobierno buscará fortalecer la balanza de pagos mediante políticas que «respalden la acumulación de reservas, los superávits comerciales, incentive las exportaciones netas, y las entradas de capitales de largo plazo, y preparen el terreno para un retorno a los mercados internacionales de capital en su debido momento, entre las iniciativas más destacadas».
El programa contempla financiamiento externo de otros organismos por un valor «de 0,4% del PIB por año, durante 2022-24, una porción del cual ayudará a financiar tanto proyectos de infraestructura como programas para reforzar la protección social y la eficiencia energética», indicaron.
En este contexto, se consignó que se trabaja con la intención de alcanzar «un acuerdo con los acreedores del Club de París sobre el calendario de repago de las obligaciones que sea consistente con nuestra capacidad de pago y la sostenibilidad de la deuda».
Este apoyo oficial, «combinado con un financiamiento neto del FMI al Tesoro en 2022 (0,7% del PIB), ayudará a reducir el financiamiento del presupuesto por parte del Banco Central a 1% del PIB en 2022 (criterio de ejecución cuantitativo), 0,6% del PIB en 2023 y cero en 2024», se indicó.
Asimismo, «la política de financiamiento doméstica permanece enfocada en fortalecer el mercado de títulos públicos en pesos, con un plan que apunta a un financiamiento neto del sector privado en pesos al Tesoro de alrededor de 2% del PIB por año durante 2022-24, sobre la base del plan de consolidación fiscal debidamente equilibrado», apuntaron.
En cuanto a los subsidios, tema que insumió las discusiones más fuertes de las negociaciones, se pactó que «a fin de liberar recursos para prioridades de gasto más importantes, el escenario base supone una reducción de los subsidios a la energía en 0,6% del PIB en 2022», se expresó en el texto, aunque se aclaró que existen incertidumbres importantes y riesgos alrededor de este escenario teniendo en cuenta las crecientes tensiones geopolíticas y la evolución de los precios de energía a nivel mundial.
«Como pilar principal de esta estrategia, eliminaremos los subsidios a los consumidores residenciales con mayor capacidad de pago», subraya el texto.
«Para apoyar nuestros objetivos, solicitamos formalmente un acuerdo ampliado en el marco de Servicio Ampliado del FMI (EFF) por un período de 30 meses y un monto de DEGs 31.914 millones (equivalente a aproximadamente USD 45.000 millones, o 1.000% de la cuota de Argentina)», reza la carta de intención.
En cuanto al esquema de los desembolsos, «solicitamos además que los desembolsos bajo el EFF se hagan de acuerdo al siguiente calendario: (i) DEGs 7.000 millones al momento de aprobación del programa por el Directorio Ejecutivo del FMI; (ii) DEGs 3.000 millones al momento de la primera revisión;; (iii) DEGs 3.000 millones al momento de la segunda revisión; (iv) DEGs 4.500 millones al momento de la tercera revisión».
También incluye los puntos: «(v) DEGs 4.000 millones al momento de la cuarta revisión; (vi) DEGs 3.000 millones al momento de la quinta revisión; (vii) DEGs 2.500 millones al momento de la sexta revisión; (viii) DEGs 2.500 millones al momento de la séptima revisión; (ix) DEGs 800 millones al momento de la octava revisión; (x) DEGs 800 millones al momento de la novena revisión; y (xi) DEGs 814 al momento de la décima revisión», precisa el texto.
El programa macroeconómico confirma los anuncios anteriores sobre metas de déficit fiscales graduales, que para este año serían de 2,5% del PBI, con una estimación de crecimiento de entre 3,5% y 4,5% para este período en curso.
Se proyecta que la cuenta corriente externa se mantendrá en superávit. «Esto, junto a un aumento de la inversión extranjera directa (IED) y la entrada de flujos oficiales netos, facilitará una acumulación de reservas (aumento de las reservas internacionales netas (RIN) de USD 15.000 millones a lo largo del programa) y reforzará nuestro régimen de deslizamiento cambiario (crawling peg)», precisaron, sobre las cuentas externas y la política cambiaria.
«Nuestro escenario base está sujeto a importantes incertidumbres, que tiene que ver con el desarrollo de la pandemia y la intensificación de las tensiones geopolíticas-incluidos aquellas relacionadas con el conflicto en Europa del Este-, que «han aumentado significativamente la incertidumbre alrededor de nuestro escenario base, especialmente para los subsidios de energía».
Por último, se intentará perfeccionar políticas tributarias y de administración tributaria vigentes para lograr subir la recaudación y lograr cerrar el plan financiero acordado, entre las medida más importantes.