Gustavo Vera, director operativo del Comité de Lucha contra la Trata, se expresó al recordarse este sábado el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas
El director operativo del Comité de Lucha contra la Trata, Gustavo Vera, destacó que «Argentina lidera la lucha contra la trata de personas en América Latina» y precisó que desde 2020 se logró rescatar a «4.885 personas víctimas de trata, de las cuales 1.362 fueron este año», tras lo cual advirtió que los delitos de explotación laboral o sexual se han incrementado en el mundo en los últimos años debido a la pandemia, el cambio climático y las redes sociales.
Al conmemorarse este sábado el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, Vera dialogó con Télam y aseguró que además de prevenir estos delitos «el desafío es el día después, ver qué pasa con las víctimas una vez que son rescatadas y cómo generar políticas públicas que garanticen la reconstrucción de su vida».
—¿Qué reflexión hace sobre el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas?
—Es un día que sirve para sensibilizar sobre uno de los delitos más aberrantes contra la humanidad, que afecta a su vida, su dignidad, su libertad. En este momento en el mundo hay 60 millones de personas que son víctimas de explotación laboral o sexual y el número se ha incrementado en 10 millones en los últimos años a consecuencia de la pandemia porque ha generado más vulnerabilidad, más pobreza y más miseria sobre la cual se alimentan los tratantes.
—¿Qué otros factores están agravando la problemática en la actualidad?
—El cambio climático ha producido desplazamientos forzosos de una gran cantidad de población en lugares donde han crecido estos delitos y también la revolución tecnológica, donde la trata mutó al ámbito virtual y ahora tiene muchos más mecanismos para engañar, captar y reclutar personas con fines de explotación laboral o sexual.
—¿Cómo es la situación en Argentina?
—Argentina lidera la lucha contra la trata de personas en América Latina, es uno de los tres países de la región con la máxima categoría en evaluaciones internacionales. En el país, desde que tenemos la Ley Integral contra la Trata de Personas, son 19.589 las personas que se rescataron hasta hoy desde el 2008. Desde 2020 fueron rescatadas 4.885 y solamente durante 2023 fueron 1.362. En proporción, corresponden en un 60% a explotación laboral y un 40% a sexual.
—¿Cuáles son los nuevos desafíos?
—Los nuevos desafíos son las formas en que ha mutado el delito de trata, y esto se puede verificar en la Argentina y a nivel mundial. Asume varias características, la primera en el ámbito virtual, y la segunda mutación tiene que ver con la clandestinización del fenómeno. Hoy encontramos muchas organizaciones de trata escondidas detrás de organizaciones que tienen formato de secta o pseudo religiosas, que en realidad esconden fines de explotación. Lo hemos encontrado en casos muy resonantes en Argentina como el de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, que ahora sigue su curso judicial. También vemos el fenómeno del narcotráfico con la trata a través del narcomenudeo, donde jóvenes vulnerables son utilizados en su doble función de mulas, pero también explotados sexual y laboralmente.
—¿Cómo se organiza la lucha contra la trata en Argentina?
—Hemos logrado federalizar el trabajo. En este momento hay 35 mesas institucionales a lo largo y ancho del país y en las principales fronteras como Aguas Blancas-Bermejo, Villazón-La Quiaca o Clorinda-Asunción. Por provincia, cada una de estas mesas institucionales agrupa a funcionarios competentes en materia de intervención provincial y nacional, también del ámbito judicial y sindical.
—¿Cómo se coordina el trabajo a nivel regional?
—El año pasado se empezó a conformar con 12 países sudamericanos un espacio donde se articulan lo que serían los directores de trata de todos los países y los principales fiscales que investigan estos temas. Esto permite que cuando hay situaciones de urgencia, rápidamente las podamos conectar y actuar en conjunto. Hemos tenido casos con Paraguay, Ecuador, Bolivia y Chile. La plataforma regional permite que tengamos investigación conjuntas, que socialicemos las buenas prácticas, que vayamos estudiando las nuevas modalidades y vayamos mejorando las herramientas para poder combatirlas.
—¿Cómo se trabaja en el día después, una vez que la víctima es rescatada?
—El desafío número uno es el día después, ver qué pasa con las víctimas una vez que son rescatadas y cómo generar políticas públicas que garanticen la reconstrucción de su vida, ya que antes el 80% de las víctimas volvían a caer en situación de vulnerabilidad. Hemos logrado garantizar un montón de políticas públicas con resultados concretos que son muy importantes. En primer lugar, la ayuda económica, donde está el programa Restituir del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. También garantizamos una línea de acompañamiento terapéutico a través del Ministerio de Salud; un programa de inclusión y capacitación laboral con el Ministerio de Trabajo, y un programa de soluciones habitacionales con la Comisión Nacional de la Vivienda. Y por último tenemos el fondo de reparación de víctimas, que se compone con los bienes decomisados una vez que hay sentencia judicial firme
—¿Dónde se puede denunciar?
—Es importante que la gente sepa que se pueden hacer las denuncias a la línea 145, a la cual entraron 6.122 denuncias desde el 2020 a la fecha, y ha sido difundida en el país con más de 131 convenios de cooperación con distintas organizaciones estatales, sindicales y de la sociedad civil.