Por Matías Gregorio
701 días atrás, el submarino argentino ARA San Juan se hundía en el fondo del Océano Atlántico con 44 personas a bordo que estaban realizando tareas para el Estado. Todo ese tiempo tuvo que pasar para que la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, a cargo de la causa, ordene las primeras imputaciones en relación al naufragio del buque.
Este miércoles, tres integrantes de la Armada Argentina fueron citados para declarar la semana próxima ante la Justicia. Se trata del capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia, ex jefe de Logística de la Fuerza de Submarinos; el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, ex jefe de Operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos; y el capitán de navío Héctor Alonso, por entonces jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos.
Alonso se presentará ante la Justicia el próximo martes 22 de octubre, Correa el día siguiente y el turno de Sulia será el jueves 24. Si bien se conocieron estas tres citaciones, lo que no se informó fueron los motivos por los que estos tres uniformados deberán prestar declaración ante la Justicia.
Los días que se presenten a indagatoria, Alonso, Correa y Sulia serán notificados de los hechos que se les imputan y las pruebas que habría en su contra.
No obstante, existe un hecho que vincula a estos militares, que es que los tres firmaron la zarpada del submarino que el 25 de octubre de 2017 partió de la Base Naval de Mar del Plata con destino al sur.
La última de las citaciones se producirá un día antes de que prescriba el presunto delito de «incumplimiento de funcionarios público», algo que había sido alertado por la abogada querellante Valeria Carreras, ya que el 25 de octubre se cumplirán los dos años de la zarpada de la nave accidentada.
A partir del naufragio del submarino, los testimonios de los familiares de las víctimas comenzaron a circular por los diferentes medios de comunicación del país. Con el paso del tiempo, muchas de esas voces fueron perdiendo fuerza, quizás por un comprensible desgaste ante tanta lucha y escasas respuestas.
Pero el apellido Tagliapietra nunca dejó de ser leído y escuchado. Luis, padre Alejandro Damián Tagliapietra, quien a sus 27 años se desempeñaba como teniente de corbeta en el buque argentino, se constituyó como querellante en la causa penal y fue uno de los tres familiares que estuvo a bordo del Seabed Constructor, de la firma estadounidense Ocean Infinity, que localizó al ARA San Juan en el fondo del mar.
En diálogo con CLG, el abogado y padre de otros dos hijos mostró su indignación por el estado actual de la causa penal a pesar de las imputaciones mencionadas, analizó el informe final que realizó la Comisión Bicameral Investigadora de la desaparición del sumergible y contó cómo se siente al transitar por un camino solitario y lleno de obstáculos.
Nada para celebrar
Tagliapietra sostuvo que «no hay nada para celebrar» al argumentar que «si bien son un paso, si solamente los van a imputar por incumplimiento de los deberes de funcionario público, ese paso pasará a ser una cargada».
Para el letrado, al no conocerse cuáles serán la imputaciones, «todo es una gran incógnita», por lo que «no hay que apresurarse». De todas maneras, afirmó que «citar sólo a tres oficiales de la Armada es tener una visión cortada de lo sucedido, porque hubo otros partícipes», más allá de que ellos hayan sido los que firmaron la salida del submarino.
Además, dijo que le llamó la atención que la magistrada no haya ordenado sus detenciones, a pesar de que sean altos funcionarios de la Armada y se supone que no tendrán intenciones de fugarse.
Por otra parte, cuestionó el planteo de Valeria Carreras, abogada querellante que representa a más de 30 familias de las víctimas, en relación a la prescripción que se daría este 25 de octubre por el delito de mal desempeño de funcionario público: «Sucedería si se plantea que hubo un incumpliendo de los deberes de funcionario público como delito individual y único, porque la pena máxima es de dos años y caduca al mismo período, pero en este caso no estamos hablando de ese delito en abstracto».
«Son partícipes de un mismo hecho: homicidio con dolo eventual agravado en 44 casos, en concurso con abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y se suma el encubrimiento y la asociación ilícita por todo lo que pasó desde que se hundió», explicó el abogado.
Luis mencionó que, «salvo el encubrimiento y la asociación ilícita, que fueron la sucesión de hechos que se dispararon a partir de la desaparición en donde se repiten algunas responsabilidades y otras no, de la muerte si son responsables por que si no firmaban la orden no iba a pasar todo lo que ocurrió después».
«Luego se establecerá el nivel de participación de cada uno, si tuvieron una autoría, coautoría o una participación secundaria, pero el hecho no se puede recortar», indicó, y agregó que, expuesto esto, «no puede operar nunca la proscripción a los dos años al no haber solamente un incumplimiento de los deberes de funcionario público sin estar ligado a otro delito».
«Si suponemos que a estos tres imputados las jueza los indaga de manera recortada, y no como yo pretendo, el incumplimiento por lo menos concursa con el abandono de persona, porque este delito no es solamente dejar a una persona librada a su suerte, como lo hicieron, sino que además es ponerla en una situación de peligro de vida. Como militares y submarinistas experimentados tenían que representarse la posibilidad de que con esa orden de zarpada iban a morirse, por eso hay homicidio con dolo eventual», especificó Luis.
Escasos avances
«El submarino fue hallado en noviembre de 2018 y el 4 de diciembre la jueza se hizo con tres discos rígidos llenos de imágenes y videos. Ya llevamos diez meses y todavía no se hizo una pericia. Es más, todavía no hay un solo perito nombrado», graficó Tagliapietra sobre el accionar de la jueza federal Marta Yañez.
Luis añadió que tampoco se realizaron pericias contables y que, entre otras cosas, el ministro Aguad aún no respondió las 65 preguntas que le fueron enviadas en la ampliación de su declaración testimonial, interrogantes que la jueza le hizo llegar el 3 de abril. «No fue intimado a hacerlo», narró el letrado, y contó que el presidente Mauricio Macri tardó seis meses en responder las seis preguntas que le enviaron, también sin ser intimado.
Además, subrayó que la magistrada «no hizo lugar al pedido de cambio de calificación legal», por lo que hoy la caratula sigue como «averiguación de delito».
«Jurídicamente hablando, a 23 meses de la desaparición, la causa está prácticamente parada, planchada, con escasos avances. No es que esperamos que pase a juicio inmediatamente, pero todavía no se han tomado medidas de prueba que son fundamentales para formular las acusaciones restantes. Es angustiante», sentenció Tagliapietra.
Reuniones y sospechas
El padre del joven que se estaba por recibir de oficial de la Armada en la especialización de armas submarinas mencionó cuáles son las razones que hacen que los progresos sean prácticamente nulos: «Hubo un pacto con los responsables, es decir, con el gobierno, para que no pase nada».
Estos dichos fueron asentados por Luis a mediados de mayo cuando solicitó el juicio político contra la jueza federal para que sea removida «por mal desempeño», al entender que había actuado con «manifiesta parcialidad» y «enemistad» respecto de su intervención personal y profesional.
La denuncia de Tagliapietra fue fundamentada en las reuniones que mantuvo la letrada con Aguad en el despacho del ministro de Defensa: «Fueron claramente irregulares porque un juez no tiene porqué viajar 2 mil kilómetros para juntarse con amplios funcionarios del Poder Ejecutivo siendo que la independencia de los poderes está resguardada en la Constitución Nacional, y que además el funcionario está en la línea directa de las responsabilidades».
Asimismo, aseguró que «Yáñez mantuvo encuentros secretos con la cúpula de la Armada, que tiene a varios miembros investigados».
Sin embargo, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó en los primeros días de julio a la magistrada al frente de la investigación por el hundimiento del submarino, rechazando así el pedido de recusación de la querella.
Tagliapietra señaló que, en respuesta a la denuncia, la jueza habla de «reuniones institucionales», algo que para él «no es un fundamento adecuado bajo ningún ningún concepto».
«Si se conectan estas reuniones -que no fueron notificadas a las partes para que podamos participar- con el estado actual de la causa, no hace falta ser muy inteligente para darnos cuenta de qué iban», disparó Luis.
«Seguimos exigiendo el juicio político», dijo el abogado, y afirmó que «la única esperanza y expectativa que tenemos es que se desplace a esta jueza para que venga alguien nuevo con ganas de hacer lo que tiene que hacer».
De hecho, la letrada tuvo que dar explicaciones en la última semana al volver a avanzar la denuncia del padre después del primer rechazo.
Acceso a pruebas reservadas
En medio de este contexto desalentador, Tagliapietra resaltó que hace poco «pudieron ganar una batalla importante».
La Cámara Federal de Casación Penal optó, a mediados de agosto, de hacer lugar a su recurso presentado para que los querellantes puedan acceder al expediente en el que se investiga el caso y a documentos reservados del mismo.
«Al no tener copias del expediente no se podía trabajar como corresponde en el análisis de la investigación», explicó en relación a las razones del pedido.
A pesar de que ya pasaron dos meses de la resolución unánime tomada por los jueces de la Sala IV de ese tribunal, todavía no le entregaron a las querellas las fotocopias que fueron autorizadas.
Informe positivo
Luego de casi un año y medio de trabajo, la Comisión Bicameral del Congreso entregó a fines de julio los resultados del informe final sobre la tragedia del ARA San Juan. El documento, que fue firmado en disidencia por los legisladores del oficialismo, estableció que el ministro de Defensa, Oscar Aguad, tuvo «una clara responsabilidad política y administrativa» y que el presidente Mauricio Macri «exhibió un bajo nivel de involucramiento» con el siniestro.
Para los miembros de la Bicameral parlamentaria el origen del hundimiento fue un incendio en el tanque de batería 3 que provocó la «implosión» posterior del buque, una «avería» que fue «subestimada por todos los altos mandos» de la Armada, y señalaron que hubo «responsabilidades compartidas» de los mismos, al tiempo que responsabiliza al poder político por «un inadecuado manejo de la emergencia durante las horas críticas» posteriores a la desaparición de la nave.
«Fue importantísimo e histórico, porque no hay experiencias previas de una Comisión Bicameral que se expida de manera tan contundente y mucho antes que la Justicia en una causa tan importante», consideró Tagliapietra.
No obstante, aseguró que «el informe estuvo mañatado por la propia jueza al no querer compartir parte del expediente con la Comisión y al negar el acceso al material del hallazgo». Tal es así, que los legisladores de la Bicameral le dedicaron un párrafo a la jueza afirmando lo expuesto por el abogado.
» Llegaron a conclusiones importantísimas que van claramente en la línea de la investigación «
«Si bien con todos estos condicionamientos tal vez no pudieron ahondar en la responsabilidades personales de muchos funcionarios, deja muy en claro la responsabilidad del presidente, del ministro y de los funcionarios más importantes de la Armada Argentina, y también afirma que los tripulantes no tuvieron responsabilidad alguna, sino que, por el contrario, debieron lidiar contra un instrumento como era el submarino que no estaba en condiciones de navegación», expresó Luis.
Y agregó: «No solamente los mandaron a una misión peligrosa, sino que multiplicaron el riesgo por las condiciones del submarino y por la falta de acompañamiento y apoyo en esa noche trágica. Los dejaron a su suerte, y eso es casi tan terrible como todo lo previo».
A su vez, contó que «si bien la jueza dijo públicamente que iba a incorporar el expediente a la causa, aclaró que no le daba mayor importancia que un elemento más, lo que no sólo muestra un desprecio por el trabajo de la Bicameral, sino que también grafica la arrogancia con la que se ha manejado y desnuda el pacto que denuncié con el ministro».
Fuera de la agenda presidencial
Los candidatos presidenciales de los distintos bloques que aspiran a llegar a la Casa Rosada a partir del 10 de diciembre no le han dado al hundimiento del submarino la importancia que merece, y pocas veces han hablado en los medios de comunicación o actos de campaña sobre el tema.
En este sentido, Tagliapietra dijo que «claramente las prioridades políticas son distintas», y apuntó principalmente contra Macri al argumentar que «nunca se hizo cargo del tema y es participe de este proceso de invisibilización».
También cuestionó el hecho de que nunca se hayan materializado distintos proyectos de ley que existen para preservar el ARA San Juan y «para encarar algunas cuestiones de homenajes y a su vez hacer los post mortem que se habían prometido», y remarcó que «lamentablemente están encajonadas en diferentes comisiones».
«Yo nunca politicé este tema y entiendo que acá no tendría que haber grieta de ningún tipo, pero el ARA San Juan tiene que aparecer en agenda», declaró el entrevistado.
Alejandro Tagliapietra era vecino de la zona norte del Gran Buenos Aires y en abril del 2017 había decidido dejar todo para mudarse a la ciudad de Mar del Plata con el objetivo de aminorar los costos de traslado para seguir su carrera en la Armada Argentina. Trabajador y estudioso, como lo recuerdan sus amigos, amaba ir de vacaciones a la ciudad bonaerense de Bolívar. Al igual que su padre, era hincha de Tigre y se consideraba un fanático del «Matador» de Victoria.
Desde aquel fatídico 15 de noviembre de 2017, Luis optó «seguir adelante con la vida», pero «sin medias tintas»: «Voy a fondo para regalarle a mi hijo mi mejor homenaje: verdad y justicia, lo único que puedo dar».
«Lo llevo en mi corazón y en mi mente permanentemente. Me acompaña en todo. Y al día de hoy me siento muy mal, nunca voy a superar la pérdida de mi hijo, jamás», admitió.
Y concluyó: «Se hace muy duro desde lo sentimental y desde el agotamiento físico y mental, porque en lugar de que haya una unión por esta lucha, siento que estoy remando cada vez más solo contra viento y marea. El acompañamiento de las familias es sólo a través de las redes sociales, entonces los que estamos en la trinchera ya estamos agotados, pero personalmente lo hago todo por él y no voy a bajar los brazos».