El ex presidente no se presentó el jueves pasado a declarar en la causa que se lo investiga por supuesto espionaje ilegal contra los familiares de los tripulantes del ARA San Juan
La justicia federal espera que en la próxima semana el expresidente Mauricio Macri presente abogado y realice, a partir de allí, sus primeros movimientos en la causa en la que se lo investiga por supuesto espionaje ilegal contra los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, mientras desde su entorno confirmaron este sábado que regresará al país el próximo 19 para presentarse ante la justicia un día después.
El exmandatario, ahora de visita en los Estados Unidos, todavía no reaccionó en términos formales –y «del expediente», como se dice en la jerga judicial- a la convocatoria a indagatoria que el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, le fijó para el jueves de la semana que pasó.
Macri simplemente no se presentó a declarar, ni presentó aún a sus abogados: fue la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien envió una misiva electrónica al juzgado en el que tramita la causa para avisar que el expresidente estaba fuera del país y no tenía previsto regresar hasta fin de mes.
En tanto, el candidato a diputado nacional por Juntos y actual secretario de Movilización del PRO, Hernán Lombardi, confirmó este sábado -en declaraciones a CNN radio- que Macri «llega el 19 al país y se presenta el 20» ante la justicia.
«Macri fue a recibir un premio en Nueva York. Fue a presentar su libro en Miami. Está inaugurando una nueva cátedra de economía que va a empezar el año que viene y tiene que ir a la Fundación FIFA en Qatar. Lo hace a la luz de todo el mundo», justificó Lombardi.
Luego de la ausencia del exmandatario en la audiencia del jueves, el juez Martín Bava le fijó una nueva fecha de indagatoria para el 20 de octubre a las 10 de la mañana.
Quienes observan con ojo clínico los movimientos que suele hacer Macri en los tribunales descartan que antes de ese miércoles, el abogado Pablo Lanusse se presentará ante la justicia federal de Dolores como defensor del exmandatario y pedirá la nulidad de la convocatoria a indagatoria a la vez que buscará que la causa pase a los tribunales federales porteños.
La estrategia pasaría por señalar que si Macri es la punta de la pirámide criminal investigada y se lo acusa de haber impartido órdenes de realizar espionaje ilegal desde su despacho en la Casa Rosada, corresponde que la causa se investigue en suelo porteño, allí donde está erigido el palacio de gobierno.
Algo ya adelantó el propio Lanusse a través de sus redes sociales el 1 de octubre cuando escribió: «Mauricio Macri respetuoso del funcionamiento de las instituciones, y convencido de su inocencia, habrá de presentarse oportunamente ante la Justicia, debiéndose resaltar la manifiesta incompetencia del juez Bava para intervenir en esta causa».
En la misma resolución en la que el juez Bava dispuso la primera citación a indagatoria de Macri desde que dejó el gobierno, el magistrado procesó a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, pero también a otros miembros de ese organismo y expuso vínculos hasta ahora desconocidos entre el gobierno de Cambiemos y el supuesto espionaje ilegal.
Uno de los personajes centrales de la resolución a la que accedió Télam es Eduardo Winkler, exdirector de Reunión Interior de la AFI, un hombre vinculado al radicalismo que saltó del Congreso a la central de espías y de vuelta al Congreso sin solución de continuidad.
Winkler era el encargado «de analizar y sistematizar la información ilegalmente producida por la Delegación de Mar del Plata, la cual era reenviada directamente a la órbita de Majdalani», sostuvo el juez en el fallo en el que describió el espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del San Juan y como esa información llegó hasta la propia presidencia de la Nación.
«Resulta extremadamente llamativo que el imputado Eduardo Winkler continúe revistando en la planta permanente del Congreso de la Nación, nada más y nada menos que en la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia», escribió el juez Bava en un pasaje del fallo en el que se adentró en los caminos del espionaje.
«Se trata de una persona que se desempeñó muchos años en el Poder Legislativo, desde donde su función fue fortalecer los mecanismos democráticos de control sobre el aparato de inteligencia nacional. Luego fue enviado en comisión al organismo más importante de esa estructura y desde un cargo gerencial llevó adelante tareas de inteligencia prohibidas por la ley», señaló.
Y remató: «Posteriormente, volvió al poder legislativo a refugiarse en el despacho, nada más y nada menos que, del vicepresidente de la Comisión encargada de revisar la actuación de la AFI durante los últimos años, que derivó en el Informe mencionado anteriormente».
El legajo de Winkler indica que en el período 2004-2005 se desempeñó como coordinador de asesores de una senadora nacional por la Unión Cívica Radical; luego pasó a ser asesor de la senadora en la Comisión de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y a desde allí su carrera profesional no se movió de la Comisión hasta su pase a la AFI, en marzo de 2016.
Su desembarco en la central de espías se produjo durante el gobierno de Cambiemos bajo la modalidad de adscripción, es decir que el Senado de la Nación le continuó pagando su salario, más una suma extra que le abonó la AFI: esa adscripción fue renovada todos los años entre el 2016 y el 2019 por la entonces Vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti.
«Su desempeñó en la Agencia concluyó con fecha 30 de septiembre de 2019, cuando fue dada de baja su comisión, motivo por el cual retornó a su planta permanente en el despacho del senador nacional Juan Carlos Marino, en su momento presidente y hoy actual vicepresidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia», destacó el juez Bava.
Medio mes después, según surge del expediente judicial, Winkler fue designado en el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del 1ro de enero del año 2020.
«Durante su larga trayectoria en la Comisión Bicameral –reseñó el juez Bava- conoció a Silvia Majdalani, quien durante el período 2011-2015 fue nada menos que la vicepresidenta de dicha Comisión. De manera que tanto Majdalani como Winkler conocían muy bien los mecanismos de control del parlamento sobre los organismos de inteligencia. Ellos mismos tuvieron cargos de jerarquía en la tarea de llevar adelante ese control. Cuando ambos pasaron a cumplir funciones en el organismo que coordina el Sistema de Inteligencia Nacional, conocían perfectamente las funciones, los límites y las prohibiciones legales de esa cartera».