En el escrito, la letrada apeló la resolución judicial del pasado 1 de febrero del juez federal interino de Dolores Martín Bava, quien remitió a los tribunales porteños las causas en las que se investigan presuntas maniobras de espionaje
En el escrito, la letrada apeló la resolución judicial del pasado 1 de febrero del juez federal interino de Dolores Martín Bava, quien remitió a los tribunales porteños las causas en las que se investigan presuntas maniobras de espionaje a los familiares del submarino ARA San Juan durante la gestión de Mauricio Macri.
Carreras, en su apelación, pide que quede sin efecto esta resolución del juez Bava y que se «ordene la remisión por los motivos expuestos a la justicia federal de Caleta Olivia o al juzgado federal más alejado de los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, con asiento en Comodoro Py 2002».
Asimismo, en su petición, la abogada sostiene que «en caso de quedar firme la resolución, reserva el derecho de recusar al juez interviniente».
También expresa que «la querella de familiares reserva el derecho de recurrir ante organismos internacionales ante el pisoteo de los principios y garantías fundamentales del derecho».
Entre otros argumentos, la abogada manifiesta en su escrito que «para las querellantes caer en las garras de Comodoro Py es saber de antemano que perderán toda chance de verdad».
Asimismo, considera que «las querellantes fueron víctimas del Estado cuando se las sometió a inteligencia ilegal, fotografiadas, seguidas, infiltradas, escuchadas, parte de lo cual surge de esta causa».
El juez federal interino de Dolores, Martín Bava, remitió el 1 de febrero pasado a los tribunales federales porteños las causas en las que se investigan las supuestas maniobras de espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, por la cual está procesado el expresidente Macri, y aquellas desplegadas desde las denominadas bases AMBA.
El magistrado remitió los expedientes a los tribunales de Comodoro Py por tratarse de causas conexas al caso D´Alessio, que ya había pasado a jurisdicción porteña a partir de un fallo emitido a fines del año pasado por la Cámara Federal de Casación Penal.
Ambos expedientes fueron remitidos al juez federal Julián Ercolini, que fue quien se quedó con el caso D´Alessio por decisión de la Cámara Federal porteña y luego de que sus colegas María Eugenia Capuchetti y Ariel Lijo se excusaran de intervenir.