La Justicia evalúa nuevas medidas de prueba y apunta la investigación sobre el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido y el ex titular de la Aduana, Ricardo Echegaray. Se busca impedir la prescripción del caso de la valija con casi 800 mil dólares que el venezolano Guido Antonini Wilson quiso ingresar a nuestro país el 4 de agosto de 2007.
El caso se creía prescripto por el paso del tiempo luego de más de diez años de investigación, pero el juez en lo penal económico Pablo Yadarola y el fiscal Pablo Turano, ahora redirigen la investigación sobre esos dos funcionarios públicos que dejaron su cargo en 2015, por lo que el caso prescribiría recién en 2025.
Hasta el momento, bajo la mira inmediata estaban el propio venezolano Antonini Wilson, hoy refugiado en los EE.UU, el exvicepresidente de la petrolera PDVSA Diego Uzcátegui Matheu y su hijo Daniel, y Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI). Uzcátegui hijo, Uberti y Antonini Wilson fueron parte de la comitiva que viajó en un vuelo de Presidencia desde Venezuela a Aeroparque.
Uberti era funcionario público y al renunciar en 2007, inmediatamente después del hecho, los plazos se extendían a los 10 años, pero ahora la prescripción opera a partir de 2015 cuando renunciaron De Vido y Echegaray y se empieza a contar desde allí, tal cual consideran el juez y el fiscal.
La sospecha contra De Vido es porque era el jefe inmediato de Uberti y dirigía las relaciones con Venezuela. Echegaray era el jefe de los aduaneros que estuvieron en el operativo de hallazgo de la valija, y se sospecha que hubo alguna contra orden para dejar pasar la valija de Antonini Wilson.
En los últimos días, el fiscal Turano presentó un pedido de medidas, como ser que se la escuche como testigo a Luisa Ortega, quien fuera en ese momento fiscal general de Venezuela y en 2017 huyó de su país hacia Colombia denunciando al gobierno de Nicolás Maduro.
La especulación de los investigadores es que pueda tener algún tipo de información en función del rango que ocupaba.
También la fiscalía pidió que nuevamente se cite como testigos a agentes aduaneros y a Marcelo Saín, entonces titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, todo con el fin de saber si hubo algún tipo de indicación para no intervenir en el operativo.