Por Diego Añaños
Según el último informe del Indec, la inflación del mes de marzo fue de 3,3%, lo cual implica un dato anualizado del 48,4%. El número es algo superior al que se esperaba, tanto por parte de los analistas, como por parte de los funcionarios de Economía. Sin embargo, hay dos datos para destacar. En primer lugar, y por cuestiones de estacionalidad, marzo suele ser un mes que registra alzas relativamente altas, por lo cual lo ocurrido durante el mes pasado no se aleja significativamente de otros episodios. En segundo lugar, la crisis sanitaria y económica, no hace más que incorporar ingredientes de volatilidad e incertidumbre al sistema, por lo que los datos no produjeron una gran sorpresa.
Por otro lado, el primer trimestre cerró con un incremento del índice general de precios de 7,8%, bastante por debajo de lo que se proyectaba sobre fines del año pasado. Algunos sugieren que, tanto la ampliación de la brecha cambiaria, como el aumento sostenido de la emisión monetaria, están generando las condiciones para una aceleración inflacionaria. Tal vez sea cierto, pero seamos claros: en éste contexto, la inflación es el menor de los problemas. Otros incluso plantean la posibilidad de un proceso hiperinflacionario. Siendo indulgentes, son unos irresponsables, ya que tal escenario virtualmente no existe ni siquiera en las modelizaciones de los economistas opositores más salvajes.
El gobierno nacional, está terminando de dar forma a dos proyectos de distinta envergadura y alcance: la propuesta de reestructuración de deuda bajo legislación extranjera con bonistas privados y el impuesto a las grandes fortunas. Con respecto al primero, el miércoles se hizo pública la oferta de canje, y el jueves se brindaron algunos detalles extra de la misma. Finalmente, el viernes el gobierno oficializó la propuesta ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos. En la misma se propone una reducción de la carga de intereses de 63% (unos U$S37.000 millones), y una quita de capital del 5,4% (U$S3.600 millones), más un período de gracia de 3 años, por lo cual se retomarían los pagos recién en 2023 (salvo en el caso de algunos títulos nuevos que se incluirían en la operación, que comenzarían a pagarse en 2022). La oferta incluye un canje de bonos por cupones con tasas de interés crecientes y escalonadas, cuyos vencimientos van desde el 2030 hasta el 2047. Días antes de conocerse la propuesta, los analistas descartaban que las primeras reacciones de los poseedores de bonos serían negativas, ya que, según las versiones, la oferta era inaceptable. Finalmente nada de eso ocurrió. Los precios de los bonos subieron levemente y cayó el riego país, dado que la oferta del gobierno argentino estuvo algo más de un 20% por encima de lo que se estaba pagando hoy por los papeles. Ahora, los tenedores de deuda tienen 20 días para analizar la propuesta argentina.
Paralelamente, se van conociendo algunas precisiones del proyecto de impuesto a las grandes fortunas. Luego de una reunión en la Quinta de Olivos, de la que participaron Alberto Fernández, el ministro Guzmán, Máximo Kirchner y Carlos Heller, se acordó el apoyo del presidente para avanzar con la iniciativa. En un principio, la medida apuntaría a los patrimonios que estén por encima de los U$S3 millones (a la cotización oficial), por lo cual, y según la base de datos que manejan los diputados nacionales que elaboraron el proyecto, afectaría a alrededor de 12.000 grandes contribuyentes. Una cifra muy cercana a los 15.000 de los que hablábamos la semana anterior. El borrador en el que está trabajando Heller, propone la progresividad del impuesto, de modo de garantizar que se pague más a medida que se avanza en la escala de ingresos. En principio, el gravamen alcanzaría al 0,8% de la población económicamente activa, y podría generar ingresos por U$S3.000 millones.
El gobierno nacional trabaja activamente tratando de generar todos los diques posibles ante una crisis que se agrava día a día. Las perspectivas para los países emergentes son cada vez más sombrías, pronóstico que compartió recientemente la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. En éste contexto, no debería sorprendernos que la decisión de Trump de suspender los pagos a la OMS encienda todas las luces de alerta. Según el mandatario norteamericano, el organismo, facilitó la estrategia China de encubrimiento y manejo irresponsable de la crisis sanitaria, por lo que, hasta tanto no se lleve a cabo una revisión de sus acciones, no se girarán los fondos. Los cuestionamientos de Trump recibieron el apoyo desde el Reino Unido y Francia. La respuesta no se hizo esperar, la Alianza por el Multilateralismo (que integran entre otros Alemania, Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, España, Noruega, Suecia, Singapur, etc), hizo un llamamiento de unidad global ante la amenaza del COVID-19, a la vez que expresó su apoyo pleno a la OMS. La sorpresiva medida también tuvo su impacto en el Cono Sur, ya que impulsó a que un grupo de ex presidentes latinoamericanos, Fernando Enrique Cardoso, Juan Manuel Santos, Ernesto Zedillo y Ricardo Lagos, presentara una nota al FMI, solicitando la provisión de fondos masivos para asistir a la región. En el documento, exigen que se acelere el apoyo económico a los gobiernos más necesitados, ya que consideran que: si la pandemia “no es abordada adecuadamente, podría convertirse en uno de los episodios más trágicos de la historia de América Latina y el Caribe”.