Por Myriam Bregman
En campaña electoral los y las candidatas a diputadas en el Congreso hacemos nuestros planteos y decimos por lo que peleamos.
En televisión y otros medios, muchas veces vemos tonos encendidos, pero después en la Cámara se votan leyes de ajuste como ocurrió con el presupuesto 2021 que preparó Martín Guzmán tal cual le pidió el FMI y la oposición de Juntos también aprobó. O en la Legislatura de la Ciudad, donde le votaron el endeudamiento a Horacio Rodríguez Larreta por 150 millones de dólares sin explicar mucho para qué.
Esto no está separado del proceso electoral que se inicia. Esas políticas han llevado a que muchos y muchas de quienes votaron a Alberto Fernández para terminar con el desastre macrista hoy estén descontentos con el Gobierno.
Esta crisis social y económica encuentra a la juventud, y particularmente a las mujeres, en una difícil situación. La precarización laboral es padecida por más del 70% de los jóvenes, siendo más alta en las mujeres, donde llega al 74%.
La desocupación en las jóvenes mujeres alcanza el 26% en promedio en las principales ciudades del país, a lo que se suma un 24% de subocupación.
Esta realidad se vuelve más insostenible cuando se manifiesta en sus consecuencias más extremas: lo vemos frente a los casos de violencia de género y la imposibilidad de abandonar el hogar y acceder a una vivienda.
El año pasado ese reclamo se visibilizó con la toma de tierras en Guernica, donde las mujeres fueron protagonistas: muchas de ellas nos contaron que fueron a reclamar un techo para vivir huyendo de la violencia machista.
En la Ciudad de Buenos Aires hay una pelea poco difundida y mencionada por los y las políticos de los partidos tradicionales.
Allí está el predio que era un basural en el barrio Padre Carlos Mugica, la ex Villa 31, en La Containera, y que hace largas semanas se transformó en único lugar para vivir de 100 familias que rebautizaron la toma como «La fuerza de las mujeres unidas».
Viven allí 175 niñas y niños. También se repite la necesidad de una vivienda producto de la crisis económica, social y de la violencia de género.
Frente a esto, con mi compañero Nicolás del Caño venimos planteando la necesidad de pelear por la reducción de la jornada legal de trabajo a seis horas y cinco días a la semana y el reparto de las horas de trabajo entre todos los y las trabajadoras, ocupadas y desocupadas, con un salario como mínimo equivalente a la canasta familiar para eliminar las condiciones de precarización laboral y atacar el problema de la desocupación.
Esta iniciativa implica también impulsar un plan de obras públicas para generar empleo y también las viviendas que necesitan tres millones y medio de familias que se encuentran en emergencia habitacional en el país.
Una prioridad en la entrega de esas viviendas debe ser a las mujeres víctimas de la violencia machista.
Sabemos que el trabajo, la vivienda y la inflación son sólo algunas de las principales preocupaciones de las mujeres. Pero sabemos también que la lucha por estos reclamos se da en las calles, desde abajo y organizadas, como hicimos las mujeres para ganar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
Para seguir peleando por ésta y otras demandas urgentes, estamos planteando desde el Frente de Izquierda Unidad poner en pie una tercera fuerza política y social, que fortalezca la lucha por estos reclamos.