La ex presidenta de facto dejó muertos y heridos durante su toma del poder, tras la salida forzada de Evo Morales
La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Añez, le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que escuche sus argumentos sobre la represión que se desató en su país durante su mandato, con muertos y heridos, tras la salida del poder de Evo Morales, mientras avanzan los procesos para realizarle un juicio por incumplimiento de sus deberes públicos o inclusive una acción penal.
En una carta que publicó en Facebook dirigida a Jaime Vidal Melero, coordinador del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que llegó para investigar los hechos de violencia de 2019, Áñez exige ser escuchada por ese ente independiente de expertos, informó el diario El Deber.
El GIEI-Bolivia fue creado mediante el acuerdo suscripto por la CIDH y el Estado Plurinacional de Bolivia el 12 de diciembre de 2019 para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en ese país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
«Solicito que el GIEI me reciba en audiencia, para exponer y presentar las pruebas del trabajo que realizó el Estado boliviano para restablecer la paz», planteó, citada por la agencia de noticias Ansa.
«En mi calidad de senadora asumí el mandato constitucional a la presidencia del Estado, no porque haya buscado el cargo, sino porque la sucesión constitucional recaía en mi función y era mi deber cumplir con la Constitución Política del Estado y, sobre todo, con el pueblo boliviano», señala Añez en su nota. También acusa al expresidente Evo Morales de provocar la convulsión social.
«La sociedad no estaba dispuesta a soportar otra canallada de quienes querían eternizarse en el poder perpetrando el fraude electoral evidenciado en la auditoría realizada por la Organización de Estados Americanos», argumenta, si bien estudios académicos rechazaron el valor de esa auditoría y dieron por seguro que no había habido fraude alguno en los comicios en los que Morales se aseguraba un nuevo turno presidencial.
En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, informó que el pedido de juicio de responsabilidades contra Añez, presentado por el ministerio de Justicia ya llegó a la Comisión de Constitución de esta instancia legislativa.
«El ministerio de Justicia nos ha derivado a la Cámara Baja. Inmediatamente nosotros hemos derivado a la Comisión de Constitución, en este momento se está trabajando en los comités. Esperamos que la semana que viene nos presenten los resultados de todo ese trabajo», declaró el legislador, citó el diario Página Siete.
Morales pidió este jueves que se castigue a los responsables de la masacre ocurrida en El Alto, cerca de La Paz, donde una operación de fuerzas policiales y militares ordenada por el Gobierno de facto dejó al menos diez civiles muertos.
La represión en Senkata ocurrió cuatro días después de que una parecida operación militar-policial dejara otros diez muertos entre manifestantes que protestaban también contra la designación de Áñez y la salida forzosa de Morales, en el pueblo de Sacaba, departamento Cochabamba.
Según una investigación del parlamento, la violencia durante la crisis política de 2019 dejó 37 muertos, de los cuales al menos 27 estaban identificados como víctimas de la represión.
Todo eso luego de que el 10 de noviembre de 2019, en medio de una gran tensión política y social y presionado por las Fuerzas Armadas, y luego de que la OEA denunciara fraude electoral, Morales renunció a la presidencia, denunció un golpe de Estado y huyó a México y luego se radicó como exiliado en la Argentina.
Además, la Fiscalía de La Paz ha admitido a trámite la denuncia por «terrorismo» y «golpe de Estado» presentada por la exdiputada del MAS Lidia Patty contra dirigentes políticos conservadores y mandos militares clave en la salida del poder de Morales.
En concreto, la denuncia señala al antiguo líder cívico y actual líder de Creemos, Luis Fernando Camacho; su padre, José Luis Camacho, y los excomandantes de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y Sergio Orellana, y de la Policía Boliviana, Vladimir Calderón.