El gobierno autoproclamado de Bolivia tomó la decisión al entender que se ha logrado la "pacificación" del país
El gobierno autoproclamado de Bolivia tomó la decisión al entender que se ha logrado la «pacificación» del país
El gobierno autoproclamado de Bolivia derogó este jueves el polémico decreto que eximía a las Fuerzas Armadas de responsabilidad penal en la represión de las protestas sociales.
La derogación del decreto 4078 fue anunciada por la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, quien fundó su decisión en el convencimiento de que se ha logrado la «pacificación» en el país, informó la prensa boliviana.
«Después de una evaluación del gabinete de ministros y una vez que el gobierno nacional ha suscrito acuerdos con las organizaciones sociales, y como consecuencia los conflictos en el país han sido levantados, hemos decidido abrogar el DS 4078», dijo Áñez en una declaración en el gubernamental Palacio Quemado.
«Esta determinación -siguió- ha sido tomada en consideración a que gracias a Dios y a la comprensión de todos los sectores del país hemos logrado la ansiada pacificación».
El contenido del decreto había recibido fuertes críticas en medio de la convulsión en la que se hundió Bolivia después de las elecciones del 20 de octubre, en las que Evo Morales fue declarado reelecto en medio de denuncias de fraude de la oposición.
En ese contexto, Morales afrontó protestas sociales, un motín policial y una «sugerencia» de los altos mandos de las Fuerzas Armadas para que renuncie, situación en la cual se vio obligado a dimitir y a exiliarse en México.
Áñez se proclamó entonces presidenta interina y enseguida emitió el decreto en cuestión.
«El personal de las FFAA que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad», decía el artículo tercero de la norma.
Durante las protestas sociales y la represión, más de 30 personas murieron en Bolivia.
Este decreto se conoció un día después de la feroz represión en la ciudad de Cochabamba contra los ciudadanos que respaldan al ex presidente Evo Morales.