La autoproclamada presidenta del vecino país cuestionó la "visión sesgada" de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pidió que sea "imparcial"
La autoproclamada presidenta del vecino país cuestionó la «visión sesgada» de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pidió que sea «imparcial»
Bolivia aceptó la «investigación internacional imparcial» de hechos de violencia y graves delitos de represión cometidos en ese país desde octubre pasado, como le pidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque considera que el informe del organismo sobre la situación en el país es «totalmente sesgada».
El Gobierno de facto que encabeza Jeanine Áñez está «plenamente de acuerdo» con investigar «los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre octubre y diciembre de 2019», informó la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En su informe, la CIDH señaló que ha planteado una serie de recomendaciones a las autoridades bolivianas para superar la crisis política y social desatada tras las elecciones del 20 de octubre.
La secretaría ejecutiva del organismo realizó del 22 al 25 de noviembre una «visita de observación» para analizar las consecuencias del fallido proceso electoral, en el que la OEA detectó irregularidades que derivaron en la renuncia Evo Morales como presidente boliviano a raíz de presiones de las Fuerzas Armadas y la Policía.
Morales, asilado actualmente en México, denunció que fue víctima de un golpe de estado alentado por la oposición con el apoyo de los militares y las fuerzas de seguridad.
La visita, que la CIDH espera sea el preludio de una misión más amplia «a la mayor brevedad», permitió recabar denuncias sobre uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y de las Fuerzas Armadas, detenciones arbitrarias, discriminación racial y limitación de libertades y derechos básicos.
Así, el organismo de la OEA observó con «extrema preocupación las graves violaciones de derechos humanos» registradas.
La comitiva «tuvo noticia de que 36 personas perdieron la vida» entre el estallido de la crisis a finales de octubre y el 26 de noviembre, según el informe de la CIDH.
El informe remarcó de forma especial las «masacres» cometidas en las localidades bolivianas de Sacaba y Senkata que causaron la muerte de «por los menos 18 personas».
La cifra de heridos no está confirmada, pero la comisión estima que «claramente supera las 800 personas» y será «mucho más alto» una vez se analicen los casos de las últimas semanas, citaron medios de prensa bolivianos y la agencia de noticias Europa Press.
Entre las 16 recomendaciones que la CIDH planteó a las autoridades bolivianas, figuran garantizar el derecho de manifestación pacífica, desmantelar los grupos armados, reforzar la Defensoría del Pueblo o «sistematizar» la información sobre las víctimas, para las que reclamó también «un plan de atención inmediata y reparación integral».
Asimismo, instó al inicio de «un proceso nacional de diálogo y reconciliación», teniendo en cuenta que «la transición hacia la paz debe darse por las vías constitucionalmente previstas».
La CIDH «ha tomado nota» de la convocatoria de próximas elecciones, un «factor de distensión positivo» al que solo resta ponerle fecha.
El ministro del Interior del gobierno de facto de Bolivia, Arturo Murillo, tachó el informe de «sesgado» y le recriminó a la CIDH, que depende de la OEA, su actuar «unilateral».
Murillo expresó su «dolor» por la publicación de un informe que «no refleja la realidad».
«Está favoreciendo solamente al narcoterrorismo», aseguró Murillo en rueda de prensa posterior a la publicación del informe: «Lo vamos a revertir y mostrar las pruebas de lo que ha sucedido en nuestro país», aseveró el ministro y se quejó de que la CIDH no consultó al actual Ejecutivo.
Evo Morales, por su parte, celebró el informe en Twitter.
«Los golpistas Áñez, (Luis Fernando) Camacho, (Carlos) Mesa y todos los que dispararon creyeron que podían matar sin ninguna consecuencia. Ahora serán juzgados por tribunales nacionales e internacionales», advirtió.