El cierre del año dejó un fuerte malestar en el sector docente santafesino. Así lo planteó el secretario general de Amsafé Rosario, Roque Jaimes, quien realizó un balance crítico del 2025 y advirtió que, si el gobierno provincial no modifica su postura, el 2026 comenzará con conflicto.
“Este año fue muy duro para los docentes de las escuelas públicas en Santa Fe”, señaló el dirigente en diálogo con Sí 98.9, y recordó que la provincia “históricamente se destacó por su calidad educativa, los salarios y las condiciones laborales”. Según Jaimes, 2025 cerró “muy mal en términos de aumento salarial”, con docentes que enfrentan serias dificultades no solo en lo económico, sino también en materia de obra social y sistema jubilatorio.
“No es solo el salario: son las condiciones en las que están los chicos”
Jaimes remarcó que la discusión trasciende lo estrictamente salarial. “No es solo el salario. Son las condiciones en las que los chicos están dentro del aula, con una maestra enferma, pasada de edad o en escuelas en malas condiciones”, expresó.
El dirigente fue contundente: si la Casa Gris mantiene la misma línea, “en 2026 va a haber pelea”.
Cuestionamientos a la reforma educativa nacional
También se refirió al proyecto de reforma educativa impulsado por el gobierno nacional, al que criticó duramente. “Plantea que la educación es responsabilidad de la familia, cuando la educación es un derecho social y es responsabilidad del Estado”, sostuvo.
Sobre propuestas como vouchers o Consejos de padres, Jaimes advirtió: “Eso no garantiza un piso de calidad educativa”. Y explicó que el sistema actual, “aun con dificultades”, permite cierta igualdad de base: “Un pibe de Empalme Graneros, del centro o de Fisherton tiene maestros con los mismos salarios, los mismos gastos de funcionamiento y la misma cantidad de horas de clase”.
Para el titular de Amsafé Rosario, abrir la educación al mercado solo profundizaría desigualdades: “Si lo liberamos, va a haber escuelas con distinta calidad educativa. Es verdad que hoy ya existe en parte, pero al menos el Estado garantiza un piso”.