Amnistía Internacional (AI) instó hoy a las autoridades chilenas a cesar de forma urgente la represión de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes y recomendó llevar a cabo una «reforma profunda» de la Policía, muy cuestionada por su violenta respuesta al estallido social.
La directora para las Américas de AI, Erika Guevara, presentó en Santiago un documento de extrema dureza con las principales conclusiones de una misión de ese organismo que lleva tres semanas en el país investigando y documentando las denuncias de abusos policiales y violaciones a los derechos humanos.
Desde que el 18 de octubre se intensificaron las protestas, AI constató casos de uso letal de la fuerza, tortura, malos tratos y lesiones graves, por lo que recomendó al gobierno del presidente Sebastián Piñera dar «órdenes precisas» a las fuerzas de seguridad para que ejerzan la «máxima restricción» en el uso de la fuerza.
«Las autoridades deben además ser muy enfáticas en el uso excepcional de armas letales y aquellas consideradas como potencialmente letales para que nunca se usen como medio de disuasión», indicó la organización en el informe citado por la agencia de noticias EFE.
También subrayó que la Justicia debe investigar la «responsabilidad de mando» en las violaciones a derechos humanos y crímenes cometidos por miembros del Ejército y Carabineros, a quienes se atribuye la muerte de cinco personas.
Según Guevara, la responsabilidad penal «no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo, sino que es necesario sancionar a los mandos superiores que, aun con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día».
AI consideró que las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado «no son hechos aislados o esporádicos», sino que responden a un patrón y muestran un «grado de coordinación que conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel».
Y destacó que durante y después del estado de emergencia decretado por el Gobierno, el alto mando de Carabineros (Policía militarizada) y sus responsables políticos permitieron que sus subordinados siguieran actuando con violencia en las calles del país.
Hasta el momento, AI ha documentado 23 casos de violaciones a los derechos humanos en ocho regiones de Chile ocurridos entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre, un caso de muerte por maltrato policial y tres de tortura.
Además, obtuvo evidencia del uso innecesario y excesivo de la fuerza a través de más de 130 piezas audiovisuales y fotográficas que fueron validadas por su equipo de expertos en verificación digital, armas y municiones.
La Fiscalía de Chile, por su parte, ha registrado 16 denuncias por violación o abuso sexual a manos de las fuerzas de seguridad, como en el caso de Josué Maureira, que fue violado con un bastón cuando estaba detenido y fue golpeado e insultado por su orientación sexual.
Además de los casos documentados, AI verificó más de 30 piezas audiovisuales que demuestran que carabineros y militares se han ensañado contra civiles, incluidos niños y adolescentes, «de forma injustificada y sin razón aparente».
AI denunció también el uso «constante e inadecuado» de escopetas de perdigones para reprimir las manifestaciones, un tipo de armamento que causó la muerte de una persona y que el derecho internacional establece que solo debe usarse de forma excepcional.