Desde el Gobierno provincial destacaron una desaceleración en los llamados al 911, aunque advirtieron que la situación sigue lejos de ser controlada
Las amenazas a escuelas en Santa Fe comienzan a mostrar una leve desaceleración en la cantidad de denuncias, en medio de la implementación de sanciones económicas a los responsables.
Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial señalaron que, si bien el escenario aún está lejos de ser el ideal, se registra una merma paulatina en las incidencias que ingresan al 911, lo que atribuyen al impacto de las multas.
Así lo expresó la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Georgina Orciani, quien remarcó que la medida “funciona” como elemento disuasorio. “Estamos muy lejos del escenario ideal, pero ya se comienza a ver una merma”, afirmó.
Hasta el momento, el Gobierno provincial envió 39 notificaciones para recuperar los costos de los operativos policiales desplegados ante falsas amenazas.
Según detallaron, estos procedimientos implican un gasto significativo para el Estado, con un costo promedio que ronda entre los 6 y 7 millones de pesos por intervención.
En total, los montos reclamados ascienden a cerca de 200 millones de pesos.
Más de 400 denuncias y una problemática vigente
El fenómeno se intensificó tras el crimen ocurrido en una escuela de San Cristóbal y, desde entonces, se registraron alrededor de 404 denuncias en toda la provincia, según datos del Ministerio Público de la Acusación.
Las amenazas adoptan distintas formas: desde pintadas y mensajes en redes sociales hasta correos electrónicos, WhatsApp e incluso exhibición de armas —reales o de juguete— y municiones.
En este contexto, Rosario aparece como uno de los puntos más afectados por la problemática, con una alta concentración de casos en la región.
Las autoridades también advirtieron que la gravedad de las amenazas varía según el contexto, ya que no es lo mismo un mensaje en una gran ciudad que en una pequeña localidad del interior.
El rol de las familias
Desde el Gobierno provincial insistieron en la importancia del rol de los adultos responsables, especialmente cuando los involucrados son menores de edad.
En caso de que no se abonen las multas, la Provincia podrá avanzar con acciones judiciales a través de la Fiscalía de Estado para recuperar los fondos.
“Queremos dejar en claro que los recursos del Estado deben destinarse a la seguridad de todos, no a responder a conductas irresponsables”, concluyeron desde la cartera de Seguridad.