La Justicia comenzó a juzgar al presunto jefe de una organización narcocriminal y su banda en Rosario. Buscan decomisar bienes y piden una multa de 1.500 millones de pesos para los acusados
Esteban Lindor Alvarado, el presunto jefe de una organización narcocriminal de la ciudad de Rosario enfrentada a “Los Monos”, se presentó hoy como “comerciante” ante el tribunal que comenzó a juzgarlo como instigador de un homicidio y líder de una asociación ilícita acusada de múltiples delitos, mientras los fiscales adelantaron que pedirán una pena de prisión perpetua para él y una multa para los acusados de 1.500 millones de pesos.
De manera virtual y desde la cárcel federal de Ezeiza, donde permanece alojado, Alvarado enfrentó a los jueces Alejandro Negroni, Patricia Bilotta y María Isabel Más Varela, miembros del tribunal del juicio, que le preguntaron por su oficio o profesión, y él contestó “comerciante”.
El juicio oral comenzó pasadas las 9 de la mañana en el Centro de Justicia Penal rosarino y, además de Alvarado, están siendo juzgados los detenidos Mauricio Jesús Laferrara, Facundo Almada, Matías Horacio Ávila y Germán Facundo Fernández; y Miguel Grecci Hazzi y Silvina Ghirardi, quienes llegaron en libertad al debate.
Luego, los fiscales del juicio Matías Edery y Luis Schiappa Pietra destacaron la magnitud del dinero que a lo largo de los años acumuló la organización y pidieron que se les apliquen multas por 1.500 millones de pesos a los acusados por el delito de lavado de activo, y revelaron que ya se aplicaron sanciones a otros miembros de la banda por 250 millones de pesos y se decomisaron bienes por 200 millones de pesos.
“Trajimos cinco casos de lavado, son inmuebles de mucho valor económico, hay solicitudes de pena de multas por $1.500 millones”, dijo Edery al término de la primera audiencia, tras lo cual explicó que esperan demostrar durante el juicio “cómo la organización lavó dinero con la adquisición y posterior transferencia de esos inmuebles”.
Los fiscales intentarán demostrar en el juicio que la banda cometió “dos casos de homicidios, atentados contra edificios judiciales, atentado contra una empleada del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y cinco causas de lavado de activos”.
“Creemos que llegamos a casi toda la estructura de una organización criminal grande como la de Alvarado, digo casi porque evidentemente para que subsista en el tiempo tiene que haber un vínculo político, pero no lo pudimos encontrar”, agregó el fiscal.
Según la acusación, Alvarado lideró una organización criminal desde mediados de 2012 -cuando fue condenado por robo de autos en el conurbano norte bonaerense- hasta fines de 2018, cuando ocurrió el asesinato de un prestamista informal, Lucio Maldonado, que dio origen a la investigación que desbarató a la banda y derivó en el juicio iniciado hoy.
Para los fiscales, Alvarado, “desde su lugar de detención, construyó un emporio de empresas, delineó una organización en donde se aprovechó de recursos materiales y humanos, y puso en funcionamiento una red de negocios que le permitieron crecer económicamente el ritmo que sostenía con ello su estructura criminal para continuar con esos negocios”.
Además de Alvarado, los fiscales también pidieron la pena de prisión perpetua para Laferrara, un “gatillero” imputado por varios homicidios, para Ávila y para Fernández, mientras que solicitaron 15 años de prisión para Almada, un cuidador de caballos de Alvarado implicado en el asesinato del prestamista como partícipe.
En tanto, pidieron 8 años de cárcel para Grecci Hazzi y 3 para Ghirardi, pero por lavado de activos.
Schiappa Pietra recordó que “en este juicio hay siete imputados, pero es una causa que tiene 22 condenados”, entre ellos seis policías que acordaron penas mediante procedimientos abreviados, y que eran quienes garantizaban “el permiso estatal” para el desarrollo de la banda.
También el propio abogado de Alvarado, Claudio Tavella, fue sentenciado a 3 años de prisión por lavado de activos al simular la compra de un campo de 10 hectáreas que, en realidad, era propiedad del jefe de la organización.
La ex esposa de Alvarado, Rosa Capuano, fue condenadael año pasado a 3 años de prisión y el pago de una multa de 51 millones de pesos, calculada en el doble del monto de recursos de origen ilegal lavados a través de una red de empresas y adquisición de inmuebles y vehículos.
Para afrontar esa suma, la mujer acordó con la Justicia la entrega de una casa en el country “Funes Hill”, un camión semirremolque y 9 vehículos.
Según los fiscales, uno de los estamentos de la compleja organización estaba integrado por personas encargadas de “administrar, organizar y gestionar el funcionamiento de un entramado de empresas comerciales y unipersonales que le permiten la colocación de los bienes obtenidos a partir de hechos ilícitos, disimularlos y ocultarlos tras el amparo que brindan las estructuras societarias”.
Los investigadores descubrieron vínculos de Alvarado con personas allegadas en las firmas Toia SRL; Edra SRL; Logística Santino SRL (nombre de uno de sus hijos); y como unipersonales Jorge Antonio Benegas (considerado el número 2 de la banda); Nadia Toledo; Rosa Capuano (ex esposa) y Leandro Suárez.
“A través de ellas se proveía de bienes muebles, inmuebles y servicios a toda la estructura criminal, recursos materiales y humanos disponibles para la comisión de delitos; inmuebles para guardar rodados de la organización y para vivir a sus miembros; dinero para pagar a personas para obtener de ellas información y otras tareas que permitían la ejecución de diversos delitos”, precisaron los fiscales.