Un relevamiento de Inquilinos Agrupados advierte que, tras la derogación de la Ley de Alquileres, predominan contratos cortos y los aumentos frecuentes, con fuerte impacto en ingresos, endeudamiento y riesgo de desalojos
La situación de quienes alquilan en la Argentina atraviesa un escenario cada vez más crítico, marcado por la inestabilidad contractual, los aumentos constantes y una presión creciente sobre los ingresos familiares. Así lo revela un relevamiento difundido por Inquilinos Agrupados, que señala como uno de los principales factores de este deterioro a la derogación de la Ley de Alquileres, establecida por el DNU firmado por el presidente Javier Milei en diciembre de 2023.
Desde entonces, el mercado inmobiliario se reconfiguró con una mayor presencia de contratos de corta duración y con menos regulaciones. Según el informe, el 64% de los inquilinos tiene contratos de dos años, el 16% mantiene contratos de tres años y el 13% alquila por apenas un año. Además, un 7% vive en viviendas alquiladas sin contrato escrito, lo que profundiza la vulnerabilidad ante posibles conflictos o abusos.
A esta fragilidad se suma la frecuencia de los aumentos. El 65% de los inquilinos enfrenta ajustes cada tres o cuatro meses: el 43% recibe incrementos trimestrales y el 26,4% cuatrimestrales. En cuanto a los mecanismos de actualización, el 60% de los contratos ajusta por Índice de Precios al Consumidor (IPC), el 27% por el Índice de Contratos de Locación (ICL) y un 8% queda sujeto a aumentos fijados de manera unilateral por el propietario.
El impacto sobre los salarios es contundente. Un 25% de los inquilinos destina entre el 60% y el 100% de sus ingresos al pago del alquiler. Otro 17% utiliza la mitad de su sueldo y un 22% alrededor del 40%. Solo el 10% logra destinar menos del 20% de su salario a la vivienda.
Como consecuencia de este desbalance, uno de cada seis hogares sufrió un desalojo por razones económicas, mientras que el endeudamiento se volvió una estrategia extendida para poder sostener la renta mensual. El 68% de los inquilinos mantiene algún tipo de deuda, principalmente con tarjetas de crédito, utilizadas en el 92,2% de los casos, y para la compra de alimentos, que alcanza al 82,2%.
Desde la organización señalaron que el crédito no se destina a mejorar condiciones de vida, sino a cubrir necesidades básicas: “El endeudamiento no se toma para vivir mejor, sino para poder pagar el alquiler”.
El informe también refleja un deterioro en las condiciones laborales. El 46% de los inquilinos tiene más de un trabajo, el 28% debió sumar otro ingreso y el 15% perdió su empleo en el último tiempo. El desempleo alcanza al 4,1% de las personas relevadas.
Para poder cumplir con el alquiler, los hogares recortan gastos esenciales: el 91,7% redujo salidas y actividades recreativas, el 86,3% ajustó en vestimenta, el 60,3% recortó alimentos y el 52,3% disminuyó gastos en salud.
Desde Inquilinos Agrupados advirtieron que este panorama expresa una creciente fragilidad social y reclamaron políticas públicas que vuelvan a garantizar previsibilidad y acceso a la vivienda. “El alquiler se convirtió en el eje que ordena o desordena toda la economía del hogar”, concluyeron.