La Fiscalía de la Audiencia Nacional investigará tras haber detectado irregularidades en la «adopción» de niños. En 2011, una pareja italiana sacó de Ucrania un bebé que no tenía vinculación genética con ninguno de los dos. El país del Este de Europa, convertido en uno de los destinos predilectos de los vientres de alquiler, abrió entonces una investigación, en la que acaba de entrar España, con la que han detectado más de un millar de posibles casos irregulares en Europa.
Las pesquisas de Kiev se basan en posibles delitos de tráfico de personas, falsedad documental, transferencia ilegal de personas a través de frontera estatal y evasión de impuestos.
La investigación está centrada en la clínica Biotexcom, según ha podido confirmar este periódico de fuentes de la investigación. Es una empresa cuya base está Kiev y que opera con distintas sedes fuera. Entre ellas, una en España que anuncian en su propia web.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, remitió una denuncia a la Fiscalía General del Estado para pedir que se estudiaran las derivas del caso en España después de que Ucrania comunicara al Gobierno español a principios de agosto detalles de su investigación. Entre otros, la existencia de “más de mil casos en los que puede haber directa o indirectamente comisiones delictivas”, explica la ministra a este periódico. Es la primera vez que el ministerio solicita que se investigue judicialmente a agencias de vientres de alquiler.
Este millar de casos pueden afectar a familias de distintos países de Europa en los que, como ocurre en España, la práctica de los vientres de alquiler no está permitida. Las posibles irregularidades no están relacionadas con el hecho de acudir a la práctica de vientres de alquiler, que es legal en Ucrania, sino con los delitos de los que se acusa a Biotexcom, que controla dos tercios del negocio que se hace en Kiev con extranjeros y que ha levantado un imperio ofertando dos “paquetes” de vientres de alquiler a precio fijo en uno de los países con las tarifas más bajas del mundo. En su web oferta el modelo estándar por 39.900 euros y el VIP (49.900 euros) que permite elegir el sexo del bebé, algo también prohibido en España.
Tras el caso de la pareja italiana, Ucrania abrió una investigación contra el dueño de Biotexcom, Albert Totchilovski, que quedó en arresto domiciliario por tráfico de menores y evasión fiscal.
En septiembre de 2018, el fiscal responsable del caso en Kiev explicaba a este periódico que habían lanzado una requisitoria internacional para hacer test de ADN de niños en diferentes países para compararlos con el de los padres legales y con las gestantes.
En Ucrania solo se permite acudir a esta práctica a matrimonios heterosexuales. El material genético debe ser aportado por al menos uno de ellos y hay una mujer, sin relación genética con el futuro bebé, que lo gesta.