Personal de Gendarmería llevó adelante el operativo a pedido de los fiscales federales Juan Argibay y Franco Benetti
Una investigación federal por lavado de activos derivó este lunes en al menos cuatro allanamientos en Rosario, uno de ellos en una reconocida inmobiliaria céntrica. El operativo, a cargo de Gendarmería Nacional, también incluyó requerimientos de información en una mutual de la ciudad y procedimientos en unidades penitenciarias de Buenos Aires.
El lugar más resonante de los allanamientos fue una oficina ubicada en bulevar Oroño al 100 bis, donde funciona Squadra Propiedades. Allí, agentes de la Sección de Delitos Económicos de Gendarmería Nacional –dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación– realizaron tareas por pedido de los fiscales federales Juan Argibay (de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Procelac) y Franco Benetti (de la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario).
La causa judicial es un desprendimiento de otra investigación por narcotráfico, y los allanamientos también se realizaron en las cárceles federales de Devoto y Marcos Paz, además de un procedimiento en la provincia de Santa Fe.
Squadra Propiedades ya había estado bajo la lupa judicial. En mayo de 2023, la mujer al frente de la firma, Melisa Cecilia Montes, acordó una suspensión de juicio a prueba (probation) por su participación en maniobras de lavado de dinero que favorecieron a Mario Roberto Segovia, conocido como el “Rey de la efedrina”.
Según la acusación de la Justicia federal, entre 2006 y 2007 Montes formó parte de una red que administró casi tres millones de pesos provenientes del narcotráfico, a través de operaciones de transferencia de dinero entre Argentina y México que fueron detectadas por Western Union como sospechosas.
Montes, que en ese momento trabajaba en la empresa CTI (actualmente Claro), habría sido reclutada por un compañero de trabajo que conoció a Segovia en una peluquería. El propio coimputado declaró que recibía los giros junto a Montes y luego entregaba el dinero al narcotraficante, a cambio de una comisión.
Como parte del acuerdo judicial, Montes debió comprometerse a realizar tareas comunitarias durante un año, pagar una multa de 150 mil pesos y otras 80 mil en concepto de reparación, destinadas a la Sedronar.