El procedimiento se hizo con el objetivo de secuestrar muestras de productos frutihortícolas de la finca
En el marco de una investigación vinculada a presuntas prácticas que podrían haber generado un brote de salmonella, el fiscal penal Federico Jovanovics, integrante de la Unidad Fiscal Ambiental, solicitó al Juzgado de Garantías 7, el registro y allanamiento de una finca situada sobre la ruta provincial 39, en la localidad de La Pedrera del departamento Capital en Salta.
El procedimiento se hizo con el objetivo de secuestrar muestras de productos frutihortícolas de la finca. Además se llevó a cabo una inspección ocular y documentaron las actividades de riego y producción de hortalizas.
Jovanovics consideró crucial la recolección de muestras de las hortalizas producidas en la finca para verificar la presencia de virus, bacterias o parásitos provenientes de las aguas contaminadas, que podrían afectar la salud de la población.
Brote de salmonella
Una de las hipótesis es que el brote de salmonella que se registra en la ciudad de Salta (donde se detectó el 80 por ciento de los 1054 casos notificados hasta el momento) tiene relación con estas verduras regadas con aguas del río sobre el se vuelcan líquidos cloacales.
El brote de salmonella ya provocó la suspensión de las cirugías programadas en el Hospital Materno Infantil para poder atender las urgencias de personas que han contraído la enfermedad.
El registro y allanamiento en la finca fue realizado ayer y estuvo a cargo de la Unidad Especial de Investigaciones del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF). En el lugar, la ingeniera Leonor Barrenechea y el ingeniero Joel Medina, del laboratorio del CIF, levantaron muestras de vegetales como lechuga, brócoli, zanahoria y perejil.
La Fiscalía Penal Nº 5 fue designada como parte de la Unidad Fiscal por resolución del procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, para proteger y restaurar integralmente la zona geográfica de la subcuenca Arias – Arenales.
Aguas contaminadas
Esta semana el procurador fue notificado por el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) de un informe técnico de la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento. Allí se da cuenta de la verificación de la presencia de una toma de agua clandestina en la margen izquierda del río Arenales, cerca de la Planta Depuradora Sur de la ciudad.
Esta toma de agua, utilizada para el riego de hortalizas en la finca allanada, carece de autorización y representa riesgo de contaminación.
Consta en el informe que durante la inspección el propietario de la finca admitió que, debido a la disminución del caudal de sus pozos someros por la crisis hídrica, se estaba bombeando agua desde el río sin contar con los permisos necesarios.
Además, se informó que actualmente está en ejecución la obra de Optimización y Ampliación de la Planta Depuradora Sur debido a que su capacidad está superada, lo que contribuye a un alto riesgo de contaminación del río Arenales. La obra estará terminada recién en 2025.
Los hechos descriptos podrían configurar el delito tipificado en el artículo 55 de la Ley 24051 en función del artículo 200 del Código Penal, en su modalidad de contaminación de un modo peligroso para la salud de aguas potables destinadas al uso público.