Se trata del reclamo expuesto por la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)
La Unión Obrera de la Construcción (Uocra) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) reclamaron hoy «la inmediata puesta en marcha de los planes de vivienda social, de urbanización de barrios populares y de lotes con servicios paralizados, lo que provoca un impacto negativo en el empleo y la conflictividad social», y decidieron el «alerta y sesión permanente» conjunto.
Un documento firmado por el secretario adjunto de la Uocra, Rubén Pronotti, y por el titular de la Utep, Esteban Castro, señaló la «creciente preocupación» por «la marcha y ejecución de los programas de viviendas sociales que, por su mayor impacto de mano de obra, podría incorporar rápidamente a miles de operarios».
«Los puestos de empleo caen de forma continua desde hace más de dos años en la industria», afirmaron la Uocra y las organizaciones sociales vinculadas con los trabajadores constructores privados y de la economía popular, que son «vecinos de barrios populares y sufren el déficit habitacional», puntualizó el documento.
Luego de reiteradas gestiones, entre otras con empresarios, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat resolvió en julio último reactivar proyectos paralizados, pero hasta ahora «no se pusieron en plena vigencia y ejecución».
La Uocra y la Utep explicaron que hay más de 25 mil viviendas que no regularizaron la reiniciación de las obras, y que «no menos preocupante es que no obstante los múltiples planteos realizados no se obtuvieron respuestas».
«No hubo aún respuestas sobre la imperiosa necesidad de definir el ‘Plan Nacional de Viviendas’, una propuesta razonable y fundamentada para activar la construcción de 40 mil unidades en dos años. Hay proyectos, disponibilidad de insumos al 100 por ciento nacionales y constructores de los sectores privado y cooperativo para realizarlas en todas las jurisdicciones del país», expresaron.
Los sindicalistas y el dirigente social añadieron que preocupa «las demoras para conformar el ‘Fideicomiso de Integración Socio-urbana’, creado por Ley 27.345 para regularizar el dominio y urbanización de los 4.400 barrios populares en los que habitan más de 5 millones de excluidos de agua potable, luz y saneamiento, y que no se realicen los loteos sociales para ofrecer soluciones habitacionales».
«Las únicas medidas en ese sentido fueron los anuncios sobre la construcción de 300 viviendas a través del Procrear. Son insuficientes respecto de la demanda habitacional y el impacto en la mano de obra, por lo que la Uocra y las organizaciones sociales vinculadas a los constructores están en sesión permanente en procura de una interlocución efectiva en el Gobierno», dijeron.
Además, sostuvieron que «la vivienda es un derecho y, el agravamiento del déficit en ese sentido, determina una realidad de crisis terminal, reflejada en los hechos de los últimos días, que son la punta del iceberg de un problema más profundo, que requiere ser abordado consistente e inmediatamente».
«La vivienda es un ordenador social. La falta de una política clara redunda en la profundización del conflicto social, expresado en tomas, protestas y reivindicaciones. En nuestro gobierno peronista la vivienda actúa como factor de inclusión social. Mejorar el hábitat es otorgar dignidad y justicia», concluyeron.