Presentó un escrito en el que desmintió reuniones a solas con el fallecido CEO de la empresa, Sergio Nardelli
El presidente Alberto Fernández declaró este miércoles como testigo en las investigaciones por el posible delito de estafa y administración fraudulenta que lleva adelante la Justicia santafesina contra la agroexportadora Vicentín, cuyo multimillonario default y las idas y vueltas respecto de una nacionalización de la empresa todavía repercuten en el sector privado.
El Presidente de la Nación declaró por escrito en la causa que se lleva a cabo en la Unidad Fiscal de Delitos Complejos de Santa Fe e investiga el default de la empresa que hoy se encuentra en concurso de acreedores. Algunos entienden que hubo un vaciamiento que dejó a 1.700 acreedores entre productores, bancos extranjeros y el Banco Nación.
Las preguntas se las hizo llegar el fiscal Miguel Moreno, a instancias de Gustavo Feldman, abogado de varios acreedores privados. El representante del Ministerio Público buscó saber si en el encuentro que tuvo Fernández y parte de su gabinete con Nardelli y otros miembros de Vicentín el empresario había señalado que las compañías que tomaron las deudas y que forman parte del entramado de sociedades eran sellos de goma que tenían como única misión la toma de créditos.
La respuesta de Fernández no fue exactamente lo que buscaba Feldman pero podría complicar la situación de los empresarios.
La primera respuesta de Fernández apunta a que tuvo “una sola reunión” con las autoridades de Vicentín y que ese encuentro fue “el 11 de junio de 2020″ en donde estuvieron presentes “Vilma Ibarra, Omar Perotti, Matías Kulfas, Luis Basterra, Julio Vitobelo, Rodrigo Luchinsky, Sergio Nardelli, Alberto Macua, Gabriel Fissore” y el Presidente.
De esta manera el Presidente desmintió versiones que indicaban que Fernández y Nardelli se habían reunido a solas.
Pero el punto principal de las respuestas –en un escrito que ocupa una carilla y media– es el que se refiere a las conversaciones que se mantuvieron en ese encuentro y al rol del conglomerado de empresas.
“Los representantes de la empresa hablaron sobre la situación financiera de Vicentín SAIC e informaron que la deuda era de aproximadamente 1.350 millones de dólares estadounidenses. Ellos buscaban un mecanismo de asociación con el Estado, propuesta que no tuvo una respuesta favorable. En la reunión también se hizo mención a la cantidad de empresas del grupo y al entrecruzamiento de las mismas, a lo que ellos llamaron “expansión del grupo”; también se hizo mención a la gran cantidad de créditos tomados, en particular con entidades financieras públicas que se encontraban -y todavía se encuentran- impagos y con graves perjuicios para el Estado. Luego de un breve intercambio dijeron que mantendrían los reclamos judiciales ante el dictado del Decreto 522/2020″ (DNU en el que se establecía la intervención).