Aún se desconoce qué provocó la explosión o por qué el nitrato quedó abandonado en el puerto
Amnistía Internacional acusó este lunes a las autoridades libanesas de obstaculizar sin escrúpulos la investigación sobre la devastadora explosión en el puerto de Beirut de hace un año, que dejó más de 200 muertos y barrios enteros arrasados.
Desde el drama del 4 de agosto de 2020, ningún responsable fue llevado ante la Justicia, mientras la opinión pública sigue esperando las conclusiones de la investigación libanesa y denuncia injerencias políticas que podrían sabotear el caso.
La gigantesca deflagración fue provocada por las cientos de toneladas de nitrato de amonio almacenadas sin medidas de precaución, según reconocieron las autoridades, en un depósito abandonado del puerto. Pero aún siguen sin respuestas las preguntas más básicas, como qué provocó la explosión, por qué el nitrato quedó abandonado en el puerto a pesar del peligro o quién sabía de esto entre los responsables políticos y de seguridad.
«Las autoridades libanesas se pasaron el último año obstaculizando de forma vergonzosa la investigación por la verdad y la justicia de la víctimas», lamentó la ONG Amnistía Internacional en un comunicado.
Un drama más en un país que vive una depresión económica «deliberada» según el Banco Mundial, y que los familiares de las víctimas y la opinión pública perciben como la última consecuencia de décadas de mal gobierno y corrupción de la clase dirigente.
Tras haberse negado categóricamente a una investigación internacional, las autoridades libanesas apartaron de sus funciones al primer juez del caso, Fadi Sawan, después de que inculpara a altos responsables, entre ellos el exprimer ministro Hassan Diab.
Su sustituto, Tarek Bitar, se enfrenta también a obstáculos, sobre todo la negativa del Parlamento de levantar la inmunidad de algunos de sus miembros, sospechosos de implicaciones en la explosión.
«Ante la magnitud de esta tragedia, sorprende ver hasta dónde están dispuestas a llegar las autoridades libanesas para eludir» la justicia, lamentó la directora regional adjunta de AI, Lynn Maalouf, informó la agencia de noticias AFP.
El miércoles están previstas marchas de familiares de las víctimas y de activistas en Beirut, justo cuando se cumple el primer aniversario de la tragedia, para exigir que se levante la inmunidad parlamentaria y que se haga justicia.
Para una gran parte de la opinión pública, es toda la República la que debe rendir cuentas. El 20 de julio de 2020, apenas unos días antes de la tragedia, el presidente Michel Aoun y Diab habían recibido una advertencia de parte de los servicios de inteligencia.
Diab, que renunció con todo su gobierno una semana después del estallido, está inculpado, y 18 personas se encuentran detenidas en el marco de la causa, entre ellas el director de Aduanas, Badri Daher, y el director del puerto, Hassan Koraytem.
El juez Bitar reclamó al Parlamento el levantamiento de la inmunidad de tres diputados que ocuparon puestos de ministros -Ali Hasan Khalil (Finanzas), Ghazi Zaayter (Obras Públicas y Transporte) y Nouhad al-Machnouk (Interior)- para procesarlos. También quiere inculpar a responsables de inteligencia.