El Concejo debate multas millonarias a locales que nieguen agua potable al público. La iniciativa es del edil Leonardo Caruana (Frente Amplio por la Soberanía)
Conseguir agua potable en medio de un evento masivo en Rosario puede resultar difícil, caro o ambas cosas a la vez. Ante esta situación, el Concejo Municipal comenzó a debatir un proyecto que establece multas de hasta más de medio millón de pesos a los organizadores o locales que no garanticen el acceso gratuito al agua en espectáculos, boliches y actividades con gran concurrencia.
La iniciativa, impulsada por el concejal Leonardo Caruana (Frente Amplio por la Soberanía), plantea modificar el Código de Convivencia Ciudadana para incorporar sanciones específicas frente a la falta de agua disponible en lugares habilitados. La propuesta también contempla la clausura de boliches y locales nocturnos que incumplan con la obligación.
“Muchas veces, en eventos masivos se colocan puestos de hidratación que resultan insuficientes, se agota el agua en los baños y la única alternativa es comprar agua embotellada a precios exorbitantes. Esto atenta contra la salud de las personas”, advirtió Caruana.
Normativa vigente y ajustes necesarios
En Rosario, desde 2015 rige la ordenanza 9.465 que obliga a los bares y restaurantes a ofrecer gratuitamente una jarra de agua potable a los clientes. En tanto, la ordenanza 10.636, sancionada en 2024, amplió las exigencias para los locales nocturnos, espectáculos y actividades artísticas, obligándolos a garantizar agua para el público.
Actualmente, las sanciones económicas para los establecimientos que incumplen oscilan entre $103.725 y $518.625, según lo dispuesto en el Código de Convivencia. Además, en el caso de cortes de agua en eventos con concurrencia masiva, la normativa habilita multas de hasta $5,2 millones y clausuras de hasta 90 días.
El nuevo proyecto apunta a reforzar los controles y equiparar el derecho al acceso gratuito al agua con el derecho ya reconocido a usar sanitarios públicos sin costo, establecido por ordenanza en 2018.
La propuesta quedó en análisis en la comisión de Gobierno del Concejo, que deberá definir si avanza en la incorporación de estas sanciones adicionales para asegurar un derecho básico en todos los eventos de la ciudad.