Se llevó a cabo una protesta de gran convocatoria tras la suspensión de las elecciones a gobernador y otros cargos en las provincias de Tucumán y San Juan.
Agrupaciones políticas y sindicales de la ciudad salieron a las calles este jueves por la tarde a manifestarse contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que ésta suspendiera esta semana las elecciones a gobernador y otros cargos en las provincias de Tucumán y San Juan.
Rosario fue uno de los puntos de protesta con esta importante manifestación convocada por el PJ santafesino, que tuvo epicentro desde las 17 en la plaza 25 de Mayo para acoplarse a la tradicional ronda de las madres y luego repudiar lo que llamaron un “atropello sistemático” de la “mafia judicial” contra el sistema democrático en función de supuestos intereses de la oposición a nivel nacional.
Algunas agrupaciones se concentraron una hora antes, a las 16, en la plaza Montenegro y marcharon cuatro cuadras del centro hasta el punto neurálgico de la manifestación.
El titular del peronismo provincial, Ricardo Olivera, suscribió el documento del comité nacional que denuncia una avanzada del Poder Judicial sobre el sector político, “en particular con fallos o sentencias que perjudica, desde hace varios, el funcionamiento al oficialismo”.
La concejala rosarina y vicepresidenta del justicialismo santafesino, Norma López, y el diputado provincial Leandro Busatto lanzaron en simultáneo la convocatoria con la consigna “mafia o democracia”.
El documento oficial que fue leído en las movilizaciones expresa: “A sólo 5 días de los comicios provinciales, esta nueva embestida sólo puede entenderse como otro lamentable capítulo en la larga serie de avanzadas judiciales en contra de la democracia y el federalismo”
Y agrega: “Advertimos que no es casual que la Corte, cuyos jueces están siendo investigados por la Cámara de Diputados, haga lugar a pedidos de la oposición y tome esta decisión en provincias donde el peronismo, con su modelo de desarrollo e inclusión, tiene el apoyo de las mayorías”.
“Este gravísimo hecho lesiona el equilibrio de poderes de la República en un año electoral y a 40 años de la recuperación democrática. El derecho del pueblo a expresar su voluntad debe ser garantizado”, concluye.