La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) determinó que la empresa Uber tiene una deuda con el fisco de tributos y cargas sociales por unos $358.700.000. Esto se desprende de una deuda de $147,4 millones de IVA y Ganancias y de $211,3 millones de impuestos a la seguridad social.
Los montos exigidos, tal lo reflejan los edictos que serán publicados el lunes en el Boletín Oficial, corresponden a los períodos fiscales 2016 y 2017. La decisión de la Afip surge de un trabajo en conjunto de fiscalización de dos de sus direcciones generales, la DGI y la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social.
En particular, en el ajuste fiscal se dispuso el cobro de impuestos nacionales por $147.493.678, producto de $67.042.581 del Impuesto a las Ganancias y $80.451.097 del IVA. Pese a haber desarrollado operaciones por cifras millonarias, se registra una ausencia total de declaraciones y pagos impositivos por parte del grupo.
Al realizar un profundo análisis del movimiento de los fondos cobrados por los viajes en el país, se detectó que el dinero se transfirió en su totalidad al exterior a través de un complejo entramado societario internacional. Con posterioridad, el porcentaje correspondiente a cada chofer regresó a la Argentina por medio de al menos tres entidades financieras.
El organismo consideró que en el período fiscalizado (2016/2017) Uber desarrolló un servicio de transporte por medio del trabajo de los propietarios de los vehículos y de sus conductores. De este modo, corresponde que la empresa pague IVA y Ganancias a través de su representación permanente en el país.
Por otra parte, la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la Afip estableció que los choferes de Uber son empleados en relación de dependencia y no trabajadores independientes, como sostiene la empresa.
Entre otros ejemplos de esta relación de dependencia cabe destacar que la empresa determina las condiciones en que los choferes deben prestar el servicio a través de la aplicación; fija la tarifa y el recorrido; y, en base a las calificaciones del pasajero, puede «desconectar» al chofer, quien, además, no cobra directamente, sino que es Uber quien le deposita la remuneración en una cuenta que debe tener a tal fin.
Además, a partir de la investigación realizada por el organismo se pudo detectar la existencia de una compleja ingeniería de sociedades que conforman un conjunto económico en los términos de la ley de Contrato de Trabajo. El entramado de sociedades, compuesto por empresas nacionales y extranjeras, se creó para dificultar ante el fisco la identificación de los responsables de llevar adelante la actividad de transporte de pasajeros.
La fiscalización concluyó que no se pagaron tributos a la seguridad social por más de 16.000 choferes. Esta conducta de la empresa impide que dichos trabajadores gocen de los mismos derechos que aquellos que están registrados, como vacaciones, aguinaldo, Obra Social, ART y una futura jubilación. Por lo tanto, la AFIP determinó que existe una deuda correspondiente a los aportes ($24.927.589) y contribuciones ($31.070.025) a la Seguridad Social, más intereses ($43,3 millones) y multas ($111,9 millones).