Así lo afirmaron la Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en un reporte conjunto de ambos organismos
La Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtieron este jueves que «no se puede hablar de reactivación económica mientras no se controle la pandemia» de coronavirus.
«No podemos hablar de apertura económica posible hasta que la curva de contagios sea controlada y sin un plan claro, que evite el repunte de esos contagios a partir del testeo, la trazabilidad y el confinamiento», sostuvo la secretaria de la Cepal, Alicia Bárcena, durante una conferencia virtual conjunta.
En tanto, la titular de OPS, Clarissa Etienne, afirmó que «los países deben evitar pensar que deben escoger entre la reapertura de las economías y la protección de la salud y el bienestar de sus pueblos: es falsa la opción entre salud y la reapertura de la economía».
El reporte conjunto de ambos organismos «Salud y economía» alertó que a fines de 2020 habrá «más que una década perdida», con niveles de pobreza que retrocederán hasta niveles de 14 años atrás, y propone un enfoque de tres fases, que incluyen la adopción de políticas de salud, económicas, sociales y productivas dirigidas a controlar y mitigar los efectos de la pandemia; reactivar con protección, y prever la reconstrucción de manera sostenible e inclusiva.
Etienne insistió en que «la actividad económica plena no puede reanudarse a menos que controlemos el virus: hacer lo contrario pone en riesgo la vida de las personas y amplía la incertidumbre de la pandemia», por lo que «la salud debe ser un requisito previo a la reapertura de la economía».
Bárcena, en tanto, señaló que «las medidas sanitarias dirigidas a controlar la pandemia, entre ellas la cuarentena y el distanciamiento, deben articularse con las medidas sociales y económicas dirigidas a atenuar los efectos de la crisis», en el marco de una caída del PBI anual proyectada en 9,1%.
Según el informe, hasta ayer se registraron más de 4,5 millones de casos de Covid-19 y casi 190 mil muertes en América Latina y el Caribe, mientras «gran cantidad de países está lejos de alcanzar un aplanamiento sostenido y significativo de la curva de contagios».
En la dinámica de los contagios, se remarcó, también influye el alto grado de urbanización (más de un tercio de la población vive en ciudades de un millón o más habitantes) y los déficits acumulados en las urbes en materia de hacinamiento, falta de servicios de agua y saneamiento, y transporte público atestado.
En ese marco, Bárcena y Etienne indicaron que la pandemia puso en evidencia un sistema de salud fragmentado y un gasto público en la materia muy lejos de la meta del 6% del PBI planteada por la OPS, ya que actualmente solo se llega a 2,3%.
Además, «más de un tercio de ese gasto (34%) sale de los bolsillos de los hogares, con lo cual cerca de 95 millones de personas tienen que pagar en gastos catastróficos de salud (cáncer o enfermedades terminales) y pierden todo su patrimonio, mientras 12 millones se empobrecen por estos gastos», dijo Bárcena.
En la región, la disponibilidad de médicos y de camas hospitalarias equivale a la mitad de los países de la OCDE y se extiende la desatención a otras enfermedades importantes, agregó.
El estudio de Cepal-OPS estima que este año cerrarán 2,7 millones de empresas formales y la pobreza llegará a 37,3% de la población latinoamericana y del Caribe, 231 millones de personas, con 98% en pobreza extrema y una desocupación del 13,5% (44 millones) en la peor crisis regional de la historia.
Bárcena y Etienne alertaron sobre el aumento de la desigualdad, en especial en la Argentina, Ecuador y Perú, aunque en el primer caso el indicador «venía de niveles menos impactantes que el resto de la región», y mencionó el daño en personas mayores, trabajadores informales, mujeres, poblaciones indígenas, afrodescendientes y migrantes.
El informe reseñó que la Cepal ya formuló cinco propuestas a los gobiernos del área, entre ellas un ingreso básico de emergencia por seis meses, equivalente a una línea de pobreza; y un bono complementario contra el hambre equivalente al 70% de una línea de pobreza extrema.
También se recomendaron políticas sociales universales progresivas y distributivas, y políticas fiscales y monetarias expansivas, que sostengan un período más largo del gasto, con instrumentos no convencionales.
Cepal y OPS aconsejaron asimismo ampliar plazos y períodos de gracia en créditos a pymes, sobre todo las de producción de alimentos, y el cofinanciamiento parcial de las nóminas salariales; y el financiamiento en condiciones favorables a países de renta media.
Por último, el informe reiteró la necesidad de una política fiscal progresiva y un mayor gasto público sostenido, eficiente y equitativo, para encarar la reconstrucción con «el reconocimiento de la salud como derecho humano y bien público garantizado por el Estado», y para consolidar sistemas de protección social universales e integrales.