El magistrado fue denunciado por el Procurador de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Barraguirre
Un tribunal de enjuiciamiento de Santa Fe suspendió en sus funciones e iniciará el proceso de destitución contra un juez penal, que liberó con restricciones a un imputado por abuso sexual con el argumento de que había utilizado un preservativo para cometer el hecho por el que se lo acusaba, dijeron hoy voceros judiciales.
Se trata del juez Rodolfo Mingarini, quien fue denunciado por el Procurador de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Barraguirre, y será sometido a juicio de destitución por un tribunal que componen los miembros de la Corte, dos legisladores provinciales y dos presidentes de colegios de abogados del distrito.
Mingarini, quien será defendido por María Georgina Stratta, fue suspendido en sus funciones y mientras dure el juicio percibirá la mitad de su salario. La Ley de Enjuiciamiento de Jueces número 7050 establece algunas causas de remoción de magistrados, entre ellas ignorancia manifiesta del Derecho o carencia de alguna otra aptitud esencial para el ejercicio de la función judicial, reiteradamente demostrada.
Los principales cuestionamientos surgieron de una audiencia de medidas cautelares realizada el 30 de mayo, cuando Mingarini liberó con restricciones a un imputado de abuso sexual con el argumento que había utilizado un preservativo.
“Podemos pensar que habría habido relaciones forzadas, pero no puedo entender cómo si va a tener relaciones forzadas, empujándola, sometiéndola, se toma el tiempo, no puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima que según lo que está acá, se negaba. La verdad es que ahí es donde me genera la mayor duda”, indicó el juez.
Cuando el caso tomó estado público, unos días más tarde, arreciaron las críticas y también las denuncias, entre ellas de diputadas provinciales y organizaciones como Ni Una Menos y Multisectorial de Mujeres. A raíz de ese y otros casos, la Corte Suprema de la provincia encomendó una investigación administrativa y el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad pidió públicamente su enjuiciamiento.