La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) clausuró hoy un establecimiento que volcaba hidrocarburos de manera clandestina en el río.
Se trata de una cooperativa que está ubicada en la ciudad de Valentín Alsina, en la localidad bonaerense de Lanús, en un predio donde anteriormente funcionaba la empresa UMBER.
El cierre del local fue realizado en la mañana de este lunes por la Patrulla Ambiental de ACUMAR, en conjunto con efectivos de la denominada Policía Ecológica, se informó oficialmente.
Además, el organismo estatal denunció al antiguo dueño del lugar por tirar barriles con brea sobre el Camino de Sirga, espacio que debe quedar libre para la navegación a lo largo de la orilla de la cuenca.
La maniobra de contaminación fue detectada por un grupo de inspectores de ACUMAR que durante una recorrida de rutina por la zona percibió un fuerte aroma a gasoil.
A partir de ese momento, se inició un operativo de constatación y posterior clausura de la empresa que actualmente trabaja en el lugar.
Al momento de proceder con la clausura, hubo una resistencia por parte de las personas que trabajan allí, por lo que se aplicó también una sanción por obstrucción, se inició una causa penal y se pidió un allanamiento de la Gendarmería Nacional.
El establecimiento es actualmente administrado por una cooperativa que, según dijeron sus operarios, desarrolla otras tareas productivas.
El equipo de ACUMAR pudo detectar que los nuevos propietarios del lugar vaciaban los tanques que pertenecían al anterior dueño en caños pluviales que desembocaban en el Riachuelo.
Por esta razón, se intimó a la cooperativa a remediar el daño ambiental que ocasionaron y disponer los mecanismos necesarios para que el proceso productivo que hoy enfrentan no dañe el ambiente.
Las autoridades de ACUMAR debieron presentarse la semana pasada ante la Corte Suprema de Justicia para rendir cuentas por el trabajo que están llevando adelante para sanear el río, misión para la cual fue creado el organismo.
Uno de los puntos que le reclamó el máximo tribunal fue justamente la demora que existe para crear una ley eficaz que prohíba que las empresas de la zona continúen arrojando deshechos contaminantes en la cuenca.
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