Años y años de espera para poder contar con la norma que le permitirá mejorar sus condiciones de trabajo, por ende, la atención a los pacientes
Hace más de cinco años los acompañantes terapéuticos santafesinos esperan con ansias la reglamentación de la Ley 13.970, la cual reconoce y formaliza un trabajo esencial en el entramado de la atención de pacientes. “Sin tanta vuelta, fue letra muerta”, dijo Fernando García, referente del grupo Acompañantes Terapéuticos de la provincia de Santa Fe, un colectivo integrado por unos 80 profesionales que representan a los más de 1.000 trabajadores de toda la bota.
La ley provincial fue aprobada en noviembre de 2019, dos meses más tarde se promulga y en febrero de 2020 llegó al Boletín Oficial, pero nunca se reglamentó. Solo un intento de llevar adelante un registro de profesionales en 2023 fue el máximo paso que se logró. “Fue una respuesta rápida que ofrecieron. Llenamos los datos por formulario de Google, pero no sabemos qué hicieron con eso y dónde están esos datos”, fustigó García en diálogo con CLG.
Sin la reglamentación no se puede hacer un ejercicio pleno de la ley, por ende, los acompañantes terapéuticos no son reconocidos por las tareas que ejecutan. Una matrícula y un instituto de educación pública para formar técnicos especializados en acompañamiento terapéutico ya que sólo se puede estudiar en el sector privado o bien viajar a otra jurisdicción.
El pago de honorarios es otro punto clave por el cual pelean los profesionales. “Tomamos el Colegio de Psicólogos y a partir de ello deberíamos cobrar el 60% de una sesión, que hoy está en 11.600 pesos, es decir, casi 7 mil pesos”, explicó el referente de Acompañantes Terapéuticos de la provincia de Santa Fe. Ahora bien, al no estar reglamentada la ley no se llega a ese monto y las obras sociales pagan por debajo de ese número, siendo Iapos la que más cerca está con casi 5.500 pesos para los acompañantes por sesión, pero algunas apenas superan los mil pesos. Cabe aclarar que todas estas prestaciones son registradas bajo el régimen de monotributistas, además del seguro de mala práctica (pagado por los trabajadores) y el cobro diferido de hasta 60 días. “Es una desventaja total porque nosotros no cuidamos gente, hacemos el acompañamiento de un proceso terapéutico de la persona ya sea en salud mental o por discapacidad motriz. Trabajamos en el campo y trabajamos en conjunto con psicólogos, psiquiatras o neurólogos”, expuso García.
Con el cambio de gestión en 2023, los acompañantes terapéuticos retomaron su lucha con cartas y mensajes a ministerios, funcionarios y legisladores, pero sin respuesta alguna.
Lejos de la canasta básica total, los acompañantes terapéuticos no dan a vasto. Las horas del día no alcanzan para atender a la cantidad de pacientes que significaría alcanzar el millón de pesos que significa comer, vestirse, pagar servicios y transporte y un acceso a la salud acorde. En este contexto, las obras sociales tampoco reconocen o hacen caso a los pedidos de aumento de aranceles porque “no podemos exigir un aumento de los honorarios porque sin ley lo determina el privado”.
«Muchos compañeros saltan de la profesión y buscan alternativas para subsistir, los que permanecen lo hacen bajo una lucha epistémica acaparándose en el amor y la dedicación de su profesión», cerró.