La agrupación solicitó que se ponga en funcionamiento la "Comisión Interpoderes" para delinear los protocolos de bioseguridad para la reanudación de las investigaciones
Las Abuelas de Plaza de Mayo, junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), solicitaron a la Corte Suprema y a la Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad, la puesta en funcionamiento de la «Comisión Interpoderes» para delinear los protocolos que hagan posible la reanudación de las investigaciones y los juicios por crímenes cometidos durante la dictadura, en el contexto de la pandemia por el Covid-19.
«Conscientes de las dificultades que conlleva el aislamiento social, preventivo y obligatorio para la continuidad de los juicios, pero también atentos a los derechos de las víctimas como de los imputados en los procesos que se están llevando adelante, manifestamos ante la Corte que ´se hace imprescindible la creación en su ámbito de un grupo de trabajo interdisciplinario que pueda planificar y poner en marcha estos procesos de una manera coordinada e integral´», reclamó la organización.
Desde #Abuelas y el @CELS_Argentina solicitamos a la Corte Suprema de Justicia la puesta en funcionamiento de la Comisión Interpoderes, para delinear los protocolos que permitan la continuidad de los juicios de #LesaHumanidad https://t.co/ODhtcRTmUa
— Abuelas Plaza Mayo (@abuelasdifusion) May 7, 2020
Además, consideró que «lo realizado hasta el momento ha demostrado ser ineficaz e insuficiente».
«Desde antes de la declaración de la emergencia sanitaria, estos juicios se encontraban con serios problemas estructurales y sufrían graves demoras en el inicio y desarrollo de los debates orales, así como en las instancias de revisión de sentencias ante la Corte Federal de Casación Penal (CFCP) y ante la misma Corte Suprema», cuestionó Abuelas.
En un comunicado, señaló que «creada especialmente para tal fin, la Comisión Interpoderes –que no se reúne desde 2017– es una herramienta fundamental para planificar el desarrollo de los juicios orales que se encuentran en plena etapa de producción de pruebas o pendientes de inicio».
«En este sentido, solicitamos al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, que realice la convocatoria inmediata para darle una pronta respuesta a la situación», subrayó la entidad.
Y agregó: «Es clave la intervención de todos los poderes para garantizar la continuidad del proceso de Memoria Verdad y Justicia que los familiares de víctimas de la última dictadura cívico militar venimos reclamando desde hace más de cuatro décadas».