Baclini, fiscal regional, notificó al ex ministro de Seguridad el procedimiento disciplinario interno basado en sendas denuncias por presuntas faltas graves
El fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, notificó al director del Organismo de Investigaciones (OI), Marcelo Sain, la apertura de un procedimiento disciplinario en su contra a requerimiento del fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, y de un grupo de diputados provinciales, que consideran que el ex ministro de Seguridad incurrió en faltas graves que imposibilitan su continuidad al frente del cargo al que accedió en concurso en 2019.
La determinación se da luego de que la Junta de Fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que integran los cinco fiscales regionales de cada una de las circunscripciones de la provincia, resolviera por unanimidad que Baclini -como fiscal general- es competente para ordenar la instrucción de dos denuncias planteadas contra Sain.
Esa decisión sobrevino luego de que la titular de la Auditoría General de Gestión del MPA, María Cecilia Vranicich, se declarara incompetente para entender ante las denuncias de Arietti y de los legisladores contra Sain
No obstante, la apertura del procedimiento disciplinario no implica que Sain deje de prestar funciones al frente del Organismo de Investigaciones.
El 5 de abril pasado, tras su desplazamiento como ministro de Seguridad, Sain retornó a su cargo en el OI, un órgano del MPA que tiene como misión dar apoyo a los fiscales en investigaciones de delitos económicos y complejos.
Ese mismo día, un grupo de diputados impugnó por inválida la decisión de Vranicich y pidió que se le iniciara al ex funcionario un procedimiento disciplinario.
El pedido de los diputados se fundamentaba en la «comisión de faltas graves y la violación reiterada de las incompatibilidades, inhabilidades y prohibiciones como director del OI» de parte de Sain. Arietti había presentado con anterioridad un pedido de «sanción disciplinaria» para el ex ministro.
Sin embargo, frente a los dos planteos, la auditora se declaró incompetente, lo que implicó que el criminólogo pudiera reasumir su cargo.