La abogada Verónica Heredia, que patrocina a la familia del joven Santiago Maldonado, aseguró hoy que la denuncia de la Gendarmería contra testigos de la comunidad mapuche es «claramente intimidatoria» y busca «atacar a la investigación» para «impedir que la verdad se sepa».
«La presentación de la Gendarmería se enmarca dentro de las estrategia del Gobierno de instalar películas, de socavar y atacar la investigación denunciando a los testigos. La figura de asociación ilícita es utilizada por gobiernos autoritarios», sostuvo la letrada.
En diálogo con Radio del Plata, Heredia consideró que «todos estos actos que realiza el Estado tienen el objetivo de atacar a la investigación, es una acción claramente intimidatoria».
«Si entienden que la comunidad mapuche es una asociación ilícita, cualquier persona que diga que pertenece va a quedar entrampada en esa figura. Es un absurdo», remarcó la representante de la familia del artesano de 28 años que estuvo desaparecido durante 78 días tras haber participado de una protesta junto a la comunidad de Pu Lof que fue desalojada por la Gendarmería.
Y agregó: «¿Con qué seguridad pueden declarar los miembros de la comunidad mapuche que todavía no declararon? El objetivo es impedir que la verdad se sepa».
La presentación de la fuerza federal apunta, principalmente, contra Matías Santana, Claudia Pilquiman y Ariel Garzi, quienes declararon que habían visto ese 1° de agosto que Santiago Maldonado era llevado en una camioneta por uniformados de Gendarmería.
«Todos vieron que Santiago estaba huyendo de la persecución de los gendarmes, que llegaron al Río Chubut y dispararon.
Todavía estamos buscando la mochila de Santiago. ¿Por qué (el juez federal de Rawson, Gustavo) Lleral se niega a peritar una fogata que hicieron los gendarmes? ¿No habrán quemado ahí la mochila de Santiago?», cuestionó la abogada de la familia del joven artesano.
Y destacó: «Vamos a seguir sosteniendo la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago».
En ese sentido, Heredia afirmó que junto a la familia van a «seguir insistiendo a nivel interno, en la Cámara de Casación, y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que haya una investigación independiente, imparcial y exhaustiva».
La denuncia realizada por la Gendarmería está en manos del juez federal de Esquel, Guido Otranto, y la fiscal Silvina Ávila, quienes habían tenido en un comienzo el expediente por la desaparición del artesano.
«Otranto no puede estar en esa causa porque está apartado.
Ávila lo mismo. Ninguno de los dos pueden formar parte, ni investigar algo que tenga que ver con Santiago Maldonado», finalizó.