Está acusada de lavado de activos y crimen organizado, en el marco del escándalo conocido como Operación Lava Jato
Luego de más de dos años de investigaciones, la Fiscalía de Perú pidió hoy casi 31 años de prisión para la candidata presidencial Keiko Fujimori a un mes de las elecciones, por cargos de lavado de activos y crimen organizado, en el marco del escándalo conocido como Operación Lava Jato, la causa de coimas que comenzó en Brasil y que luego se extendió a varios países de la región.
El fiscal del equipo local del Lava Jato, José Domingo Pérez, entregó una acusación de más de 15.000 páginas al juez encargado del caso, Víctor Zúñiga Urday, quien deberá notificar a Fujimori y la dirigente tendrá 10 días para responder a la denuncia, informó la agencia de noticias AFP.
Concretamente, el fiscal solicita una pena de prisión de 30 años y diez meses contra la candidata presidencial de Fuerza Popular por varios delitos, entre ellos el de lavado de activos por recibir dinero ilegal de la constructora brasileña Odebrecht para financiar sus campañas de 2011 y 2016, cuando Keiko -como se la conoce en Perú- perdió la elección en el balotaje.
«Estamos ante una organización criminal», afirmó el fiscal a periodistas luego de presentar la acusación, en la que también solicitó también imponer a Fujimori restricciones en sus manifestaciones públicas porque «podría obstruir a la justicia», y una veintena de medidas cautelares contra la candidata, entre ellas la imposibilidad de poder salir del país durante 36 meses, tiempo estimado que la Fiscalía prevé que durará el proceso acusatorio y el juicio oral.
La acusación solicita, además, la disolución de Fuerza Popular, y cargos contra otras 40 personas, entre ellos su esposo, Mark Vito Villanella, para quien pidió 22 años y 8 meses de prisión.
La candidata presidencial, hija del encarcelado exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), rechazó la acusación vía Twitter.
«Por más que un fiscal quiera ahora meterse en la recta final de la primera vuelta, yo seguiré enfrentando esta persecución y avanzando con energía para que juntos podamos superar esta emergencia sanitaria y económica», afirmó Fujimori, que intenta por tercera vez llegar a la Presidencia de Perú.
Según las últimas encuestas para las elecciones del próximo 11 de abril, Fujimori es la tercera con mayor intención de voto junto al candidato también conservador de Victoria Nacional, George Forsyth, con el 8,1%.
La abogada de la candidata, Giulliana Loza, dijo que las acusaciones no tienen sustento y que se trata de «un último acto desesperado» de la fiscalía.
«El fiscal se está inmiscuyendo y politizando un proceso judicial», manifestó.
El juicio no tiene aún fecha pues solo se podrá anunciar cuando se hayan agotado los recursos legales contra la Fiscalía.
Se estima, sin embargo, que la primera audiencia se hará en abril, el mismo mes que los peruanos elegirán presidente y un nuevo Congreso en las urnas.
Keiko, de 45 años y madre de dos hijas menores, estuvo 13 meses en prisión preventiva por el mismo caso desde octubre de 2018. Salió en libertad el 29 de noviembre de 2019, luego que el Tribunal Constitucional aceptara un habeas corpus.
La investigación del caso arrancó el 19 de octubre de 2018 y concluyó hoy, con indagaciones en Perú y Brasil, donde comenzó el escándalo conocido como Operación Lava Jato, que incluyó a Petrobras, la petrolera brasileña considerada la empresa estatal más grande de Latinoamérica, y terminó ampliándose alcanzando a la constructora Odebrecht, salpicando a reconocidos empresarios y funcionarios de la primera línea política en toda la región.
Fuera de Brasil, el país más comprometido en el escándalo fue Perú con cuatro expresidentes que se vieron involucrados con el caso: Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, que ejercía su mandato cuando debió entregarse.