Pese a las protestas de colectivos feministas y el rechazo de más de 80 organizaciones locales e internacionales, el Congreso hondureño aprobó una reforma constitucional que endureció aún más el veto total al aborto
A dos meses de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Argentina, la marea verde tomó un nuevo impulso en América Latina con debates sobre la despenalización en Chile, México y Colombia, pero también despertó críticas en varios Gobiernos conservadores de la región, entre ellos el de Honduras, que fue el primero en reaccionar con un blindaje a la prohibición del aborto en su Constitución.
Pese a las protestas de colectivos feministas y el rechazo de más de 80 organizaciones locales e internacionales, el Congreso de Honduras aprobó a finales de enero una reforma constitucional que endureció aún más el veto total al aborto, vigente en el país desde 1982.
«La clase política que gobierna en Honduras colocó a su país a la cola de todos aquellos que niegan los derechos de las mujeres», lamentó la activista feminista salvadoreña Morena Herrera en un coloquio del que participó Télam, organizado por la Feminist Alliance for Rights, Sombrilla Centroamericana y Somos Muchas.
Si bien Honduras ya consideraba a la IVE un delito -penado con entre dos y ocho años de cárcel- y protegía constitucionalmente al que está por nacer, la reforma del artículo 67 de la Carta Magna fue más allá al considerar «prohibida e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida por parte de la madre o un tercero al que está por nacer».
Además, a partir de ahora, esta norma «solo podrá reformarse por una mayoría de tres cuartas partes de los miembros del pleno del Congreso Nacional», lo que prácticamente imposibilita su modificación.
La promulgación de esta medida supone un incumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (1994), a las que adhirió Honduras.
«No sólo no se están adaptando o derogando las leyes discriminatorias contra las mujeres, sino que además se están reforzando aquellas que lo son», dijo la experta independiente del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y niñas de la ONU, la mexicana Dorothy Estrada-Tanck.
Algo que también había advertido en un comunicado el Comité de Expertas de la Organización de Estados Americanos (OEA), que calificó a la iniciativa como «una violación al principio de no retroactividad y de progresividad de los derechos humanos».
Además de alcanzar al aborto, la reforma también blindó la prohibición del matrimonio igualitario en la Carta Magna, a la vez que modificó los procedimientos constitucionales.
«Lo que pasó ahora con la reforma tiene connotaciones e implicaciones que van más allá», explicó la abogada feminista hondureña Karina Trujillo y denunció: «La forma en que fue llevada a cabo trae implicaciones jurídicas y constitucionales gravísimas, pero gran parte de la población no lo puede ver porque fue disfrazado y apantallado por los temas de aborto y LGBTIQ+».
La reforma fue también tildada de «distractora» por otros colectivos de mujeres, ya que su aprobación se dio en medio de las investigaciones de fiscales estadounidenses al presidente hondureño Juan Orlando Hernández y otros funcionarios de alto rango por sus vínculos con el narcotráfico en el país.
Honduras integra, junto a El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Haití y Surinam, la lista de países latinoamericanos que prohíben el aborto de manera absoluta.
Asimismo, es el único en América Latina que prohíbe la píldora anticonceptiva de emergencia y tiene la segunda tasa más alta de embarazo en niñas y adolescentes de la región.
Según datos oficiales, los centros de salud hondureños registran cada año una media de 22.805 partos de niñas entre 10 y 19 años, es decir, cada tres horas una menor da a luz en el país. Esta situación se agravó con la pandemia del coronavirus.
Pese a este contexto, el denominado «Escudo contra el aborto en Honduras» fue aprobado en un solo debate por el Congreso, de mayoría conservadora, apenas días después de ser presentado.
En lo inmediato, la medida tiene un impacto directo en las mujeres que requieren de una IVE para preservar su salud o su vida, denunció Herrera, quien también consideró que va aumentar la desigualdad.
«Se va a fortalecer el negocio ilícito de servicios de aborto clandestino y eso, al final, recae en aquellas que no tienen posibilidades de pagarlos, por lo que se debilitan sus condiciones de salud», estimó.
Para la defensora de derechos humanos salvadoreña, las clases políticas no están resolviendo ningún problema de salud, sino que «están vulnerando la vida», dado que, a su juicio, la criminalización sólo hace al aborto más clandestino e ilegal.
Por ello, instó a los hondureños a practicar una «sanción social» en los futuros procesos electorales, a la vez que destacó el impacto que la reforma tendrá en la imagen del país en el escenario internacional.
«Estamos ante una tendencia basada en el miedo que ha inspirado la capacidad de movilización de los movimientos feministas, pero creo que este miedo tiene corto plazo», afirmó Herrera, al calificar la medida de «draconiana» por ir contra la «mayoría de la población» y «las tendencias globales».
«No hay normas eternas ni cargos políticos eternos», sentenció.