El gobierno porteño indicó que dos de cada tres personas no presentan síntomas o tienen síntomas leves y el tapabocas disminuye la posibilidad de contagio
La Ciudad de Buenos Aires, una de las zonas más afectadas de Argentina por el coronavirus, aplicará desde el próximo lunes el uso obligatorio de tapaboca, tanto en las calles como en los espacios públicos. Además apuntó multas de hasta 80.000 pesos para quienes no cumplan con la norma. La decisión de ampliar desde el lunes próximo la obligatoriedad del uso del tapabocas al espacio público fue adoptada, según se informó, ante el crecimiento de casos en el ámbito metropolitano y el aumento de la circulación de personas.
La resolución entrará en vigencia a las 0 horas del lunes 4 y desde ese momento será efectiva la fiscalización y las denuncias al 147.
Para quienes no respeten la medida se prevén sanciones de 500 unidades fijas ($ 10.700) a 3.700 unidades fijas ($ 79.180) y/o clausura y/o inhabilitación en caso de comercios.
Desde el 15 de abril pasado, el tapabocas es obligatorio para ingresar o permanecer en locales comerciales, en dependencias de atención al público tanto públicas como privadas y en medios de transporte público en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde el lunes se incluye también el uso obligatorio del tapabocas para circular y permanecer en el espacio público. De todos modos, el Gobierno porteño ya había recomendado el uso de tapabocas como medida de prevención en todo momento y en cualquier otro ámbito o lugar.
«Es muy útil porque el virus tiene una alta capacidad de transmisibilidad y está presente aún en personas que se han contagiado pero no presentan síntomas», se indicó desde la administración que encabeza Horacio Rodríguez Larreta.
Como tapabocas sirve cualquier elemento que pueda cubrir boca, nariz y mentón de fabricación casera con pañuelos y telas, ya que no hacen falta ni máscaras ni barbijos.
Además sigue prohibida la comercialización en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los barbijos sanitarios N95 a cualquier persona que no acredite ser profesional o personal del servicio de salud y a las personas jurídicas que no tengan por objeto la prestación de ese servicio.
Este modelo está autorizado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica para uso médico y se busca no desabastecer el mercado. .