Juan Félix Marteau, uno de los abogados de los familiares de las víctimas que fallecieron en Nueva York, habló con CLG y contó los avances del caso
Por Matías Gregorio
El martes 31 de octubre de 2017, Diego Angelini, Ariel Erlij, Hernán Ferruchi, Hernán Mendoza y Alejandro Pagnucco pedaleaban a bordo de las bicicletas que habían alquilado para recorrer la zona baja de Manhattan, en Nueva York, en el marco del viaje que habían organizado junto a otros cinco amigos para celebrar su trigésimo aniversario de graduación del Instituto Politécnico Superior de Rosario.
Pasadas las 15, Sayfullo Saipov, un inmigrante uzbeko, ingresó con un camión que había alquilado horas atrás a altísima velocidad por la zona exclusiva de ciclistas y asesinó a los cinco rosarinos que circulaban por el lugar, como así también a dos ciudadanos estadounidenses y una turista belga. Además, hirió a otras 12 personas, entre ellas un sexto miembro del grupo, Martín Marro, que tuvo que ser internado en el hospital presbiteriano de Nueva York por sus heridas hasta que fue dado de alta una semana después.
El atacante, al bajarse del vehículo después de desplazarse un kilómetro y medio, intentó escapar a pie con dos armas de juguete y gritando la frase Al·lahu-àkbar («Alá es el más grande»), para luego ser herido por un disparo de la policía y arrestado con vida. Una bandera del ISIS con una nota que decía «El Estado Islámico vive para siempre» en árabe fue encontrada en la camioneta.
Tres días después del ataque, el Estado Islámico reivindicó el atentado. Aseguraron que la matanza fue obra de uno de sus “soldados del califato”, según indicó la agencia Reuters.
Tras casi dos años de investigación, Saipov, de 29 años, y que había inmigrado a Estados Unidos desde Uzbekistán a través del Programa de Lotería de Visas de Diversidad, continúa detenido a la espera del desarrollo del juicio que defina su futuro. La Fiscalía General de Nueva York y el FBI solicitaron que la condena hacia el terrorista sea la pena de muerte.
El año pasado, con motivo de cumplirse un año del atentado, familiares y amigos se reunieron en las puertas del Politécnico donde se descubrió un mural con la frase “Que el amor venza al odio”, mientras que el 31 de octubre de cada año quedó instaurado como el “Día de la Amistad IPS (Instituto Politécnico Superior) o Día del Poliamigo” para tomar esa fecha como una oportunidad de reflexión sobre lo ocurrido.
En esta ocasión, al cumplirse este jueves el segundo aniversario de la trágica tarde, se realizará un homenaje a las víctimas en el Espacio Cultural Universitario (ECU), ubicado San Martín 750, a partir de las 11, también bajo la consigna “Que el amor venza al odio”. Estarán los sobrevivientes y familiares de los fallecidos junto con artistas, autoridades e instituciones comprometidas con los derechos humanos y la prevención del terrorismo.
La jornada será conducida por el periodista rosarino Gerardo Rozín y habrá una breve disertación a cargo de Ariel Gelblung, representante del Centro Simon Wiesenthal para América latina, un organismo internacional de derechos humanos que enfrenta el racismo, el terrorismo y el antisemitismo; y del abogado Juan Félix Marteau, creador de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (Finint) y especialista en el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado.
Horas antes del homenaje, el letrado Juan Félix Marteau, que representa a Ana Evans, esposa de Hernán Mendoza, habló con CLG y contó todos los detalles del juicio que comenzará el año próximo.
«La parte de la investigación está cerrada, el juicio iba a ser en octubre y ahora se confirmó que la fecha de inicio es el 19 de abril de 2020. Allí empezarán las alegaciones y se presentarán todas las pruebas, en el marco de un juicio oral, público y por jurados», explicó Marteau.
El magistrado indicó que la Fiscalía General de Nueva York, el órgano a cargo de la investigación, presentó tres cargos contra el acusado. Primero, por la muerte intencional de 8 personas; luego, por las lesiones graves intencionales de otras 12 personas; y, por último, por el soporte a una organización terrorista, en este caso el ISIS. «Dicho cargo, que es muy importante, otorga la cobertura legal para que este ataque sea un caso de terrorismo», subrayó el entrevistado.
Según remarcó, para la Fiscalía, la sumatoria de esos delitos debe anexarse a una pena de muerte sobre el acusado. «Nosotros acompañamos en un escrito esa línea argumental de que el Juzgado analice la posibilidad, una vez que lo considere culpable, de imponerle la pena de muerte», expresó el abogado.
Y argumentó: «La consideración de mis representados ha sido que se aplique la pena en su mayor extensión, con su mayor rigor, y que se cumpla la ley. Me toca a mí analizar cuáles son las virtudes de la ley americana y cuales son las ofertas de pena que establece, y en este caso todos los elementos en términos de protocolo y del propio estatuto de la jurisprudencia de los Estados Unidos indica que es un caso donde corresponde que lleve el pedido de pena de muerte».
Gran parte de la investigación se basa en los dos teléfonos móviles que tenía Saipov, donde, según los fiscales, había 90 videos y 3.800 fotos, muchas de ellas de propaganda del Estado Islámico y otras que contenían información sobre protocolos actuales que utiliza el ISIS para cometer atentados. No obstante, aún se desconoce, al menos hasta la fecha de inicio del juicio, si el joven que en su declaración reivindicó su accionar recibió la ayuda de una o más personas.
El magistrado explicó que, «tipológicamente, se trata de un ataque inspirado en el ISIS y no un ataque cometido por el ISIS». «Esto quiere decir que un actor o un grupo de actores solamente acompañados por el soporte del material de otros actores que comulgan con la ideología y el pensamiento de la organización cometen un atentado siguiendo los protocolos, algo que luego es convalidado por el ISIS», detalló Marteau.
«Aún así, está claro, en mi presuposición, que este tipo de hechos siempre se llevan a cabo con el soporte de otros actores que tienen un vínculo más cercano que el propio atacante con la organización, es decir, no se realizan de manera solitaria. Pero recién conoceremos en el juicio que opina la Fiscalía en relación a esto porque está bajo reserva el hecho de si tuvo cómplices o no, ninguna de las partes lo puede conocer», agregó Juan, y describió que a diferencia de lo que sucede en el derecho penal argentino, donde se abre una causa y al otro día el imputado ya tiene la chance de conocer cuál es la imputación, «En EE.UU. eso no sucede, la investigación se puede llevar de un modo extremadamente reservado, sobre todo tratándose de un caso de terrorismo».
Marteau aclaró que los familiares de las víctimas no se constituyeron como querellantes en la causa porque «técnicamente esa figura no existe» en Estados Unidos, y contó que a partir de su intervención lo que hicieron fue «seguir se cerca toda la instrucción, dialogando con los fiscales federales y con los agentes del FBI que estaban investigando el caso, a los efectos de poder dar la opinión de los familiares de las víctimas y también ver en perspectiva cómo era el objeto de investigación».
Para enterarse de todos los avances del caso, el representante de Ana Evans comentó que existe una sitio web de la Corte del Estado de Nueva York «donde se cargan todos los movimientos del expediente», al cual tienen acceso. «Eso facilita mucho la comprensión inmediata de cada uno de los capítulos», mencionó.
A su vez, adelantó que la semana próxima «posiblemente estén viniendo al país representantes de la Fiscalía Federal de Estados Unidos para entrevistar a todos los familiares de las víctimas». Y, según dijo, «la Fiscalía tiene la expectativa de que dichos familiares estén presentes en el juicio en Nueva York», por lo que en la reunión se ajustarán los detalles para que así sea.