"Nos vemos sometidos a revivir la segunda muerte de nuestros seres queridos, en esta oportunidad de manos del Poder Judicial", manifestaron
Familiares de las víctimas de la tragedia de Austral, de la que se cumplen este domingo 24 años, piden que «no queden impunes» los acusados, en medio del juicio oral y público que se le sigue a más de 35 personas, entre directivos de la línea aérea, funcionarios civiles y de la Fuerza Aérea, imputados por estrago doloso por la muerte de 74 personas.
El proceso judicial está en etapa de alegatos, durante la cual la querella pidió penas de entre 12 y 25 años de cárcel, el fiscal la absolución por el principio de «in dubio pro reo» y las defensas la absolución por falta de acusación, por lo que los familiares temen que «todo quede en la nada y se vuelva a foja cero».
Para ello, y con el objetivo de recordar a las víctimas, organizaron dos homenajes, uno de los cuales se hizo este sábado cuando las autoridades del Consulado de la República Argentina y la Intendencia de Fray Bentos, en Uruguay, donde se estrelló el avión el 10 de octubre de1997, colocaron una ofrenda floral en el monumento emplazado en su memoria. El otro recordatorio se realizará el martes 12 de octubre, a las 19, en el monumento emplazado en el Aeroparque Jorge Newbery, de la Ciudad de Buenos Aires.
«Nos vemos sometidos a revivir la segunda muerte de nuestros seres queridos, en esta oportunidad de manos del Poder Judicial en el marco del debate oral y público que se está desarrollando en el Tribunal Oral Federal Nº 5 de la Ciudad de Buenos Aires», afirmaron los familiares de las víctimas en un comunicado que titularon «Vergonzosa consagración de la impunidad».
Esto obedece a que el fiscal general Juan Patricio García Elorrio consideró en su alegato que las pruebas recabadas en la investigación y en los debates del juicio oral «no tienen el grado de consistencia requerido para que caiga el principio de inocencia».
Para García Elorrio, ante esta realidad prima el principio de «in dubio pro reo», lo que significa que ante la insuficiencia probatoria se está a favor del acusado, por lo que decidió pedir la absolución de los acusados. Además, consideró que no resulta válido como prueba el informe final de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación Civil de la República Oriental del Uruguay (Ciada), que determinó como una de las causas de la tragedia aérea la condición de engelamiento de los tubos Pitot que produjeron lecturas erróneas en los velocímetros.
Sin embargo, el fiscal sí tomó en cuenta las conclusiones de una pericia ordenada por el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 5, en la que la mayoría de los peritos dijeron que resultaban válidas las observaciones que formuló la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil de la República Argentina (Jiacc) a dicho informe final y, por ende, la responsabilidad de la tragedia recae en los errores cometidos por los pilotos.
Ello, más allá de que uno de los peritos oficiales también puesto por el tribunal, Carlos Lupiañez, presentó su propio informe en el que sostuvo que lo sucedido fue por una falla en la aeronave.
No obstante, y en lo que a priori parece una contradicción, el fiscal decidió acusar por «falsedad ideológica» al imputado Danilo Wenk, quien era director de Certificación Aeronáutica de la entonces Dirección Nacional de Aeronavegabilidad (DNA), para quien solicitó la pena de 3 años de prisión condicional, por la firma de un documento.
Frente a lo que ocurre en los tribunales, los familiares temen que «todo quede en la nada».
«De esta manera y como preludio de una sentencia anunciada, se consagraría una vez más en este país la impunidad, sometiendo tanto a las víctimas, familiares y a la sociedad argentina al más horrendo y cruel estado de indefensión por parte de un Poder Judicial profundamente cuestionado, en especial el que tiene su sede en el emblemático edificio de Comodoro Py», se expresó.
«Se pretende instalar el abyecto y vil discurso que las causas de la tragedia se debieron al error humano de los pilotos y la tormenta, borrando de un plumazo la investigación técnica realizada por la Ciada de la República Oriental del Uruguay en el marco del Anexo 13 de OACI y la investigación judicial realizada durante la instrucción», sostuvieron en un documento.
Allí insistieron en que luchan «en soledad contra todo un sistema perverso y corrupto. Sin justicia no habrá paz para las 74 victimas de la tragedia de Austral, ni para sus familiares, ni para la sociedad Argentina».
La próxima semana continuarán los alegatos las defensas que aún no se expidieron, y luego el Tribunal Oral Criminal Federal (TOF) 5, integrado por jueces Daniel Obligado, Adriana Palloti y José Martínez Sobrino, emitirá su veredicto.
Pese a que no hubo acusación del fiscal, la querella encabezada por los abogados Norberto Caputo y Silvina Rumachella pidieron penas de entre 12 y 25 años de prisión por el delito de «estrago doloso» para 24 de los más de 35 acusados, en base a su responsabilidad en la tragedia del avión.
La mayoría de los que están en el banquillo, que en ese entonces eran directivos en Austral Líneas Aéreas, funcionarios civiles y de la Fuerza Aérea, fueron acusados como coautores del delito de «estrago doloso, agravado por la muerte de 74 personas», pero además por «el conocimiento especial de los acusados, los antecedentes y la violación a las normas».
Tras un exhaustivo alegato que insumió al menos cuatro jornadas de debate, de más de tres horas cada una, la querella hizo un relato pormenorizado de la responsabilidad y participación que tuvo cada uno de los acusado en la tragedia aérea del vuelo 2.553 de Austral.