La ministra de Seguridad de la Nación informó que desde el inicio de la cuarentena se denunciaron 39 casos de violencia institucional
La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, brindan esta tarde un informe ante la Cámara de Diputados sobre las medidas adoptadas ante hechos de «violencia institucional».
La presencia de ambos ante el plenario había sido reclamada por la oposición en el marco del caso de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años que está desaparecido desde el 30 de abril, cuando decidió viajar a Bahía Blanca, y fue visto por última vez en un patrullero de la Policía bonaerense.
Durante su exposición, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, informó que desde el inicio del aislamiento preventivo y obligatorio su cartera recibió «39 denuncias por hechos de uso abusivo de la fuerza».
«El personal implicado suma un total de 96; personal que pasó a disponibilidad, involucrado en estos hechos, seis; y el total de acciones disciplinarias en curso, 10”, precisó.
Además, enumeró que 20 tuvieron que ver con la Gendarmería Nacional; nueve con la Policía Federal Argentina; siete con la Prefectura Naval Argentina; y uno con la Policía Aeroportuaria.
Ante las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos, la funcionaria precisó que «se produjeron en el marco del aislamiento preventivo» y que en ese contexto fueron «pasados a disponibilidad seis» efectivos y hay diez causas judiciales en trámite.
Sobre los hechos cometidos por cuerpos de las policías provinciales, la funcionaria remarcó que “corresponde a cada una de las jurisdicciones” que “tienen autonomía respecto a cómo conducen sus policías”.
No obstante, subrayó: “Al tomar conocimientos de los hechos de violencia institucional ocurridos en Chaco, San Luis, Tucumán, Chubut y provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad se contactó con las autoridades provinciales”.
Además, Frederic manifestó que esta situación se convirtió en “un tema de agenda determinante en dos reuniones del Consejo de Seguridad Interior”, donde las provincias informaron sobre las acciones disciplinarias iniciadas al respecto.
La ministra apuntó que desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se trabaja sobre si las jurisdicciones “tienen programas específicos que propicien el uso racional de la fuerza”, al tiempo de enviar protocolos, guías y recomendaciones. “Hay que responder de forma inmediata, adoptando todas las medidas correspondientes que sean necesarias”, sostuvo.
La funcionaria recalcó: “Rechazamos y condenamos todo acto de violencia institucional y debemos ser inflexibles ante la aparición de algún hecho”. En ese sentido, agregó que hay que erradicar también “formas o prácticas violentas que se encuentran invisibilizadas como el racismo o la discriminación”.
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