El congelamiento de aranceles, el aumento de los costos —especialmente del combustible— y la falta de actualización de las prestaciones provocaron la caída del sistema
La situación de las prestaciones y servicios para personas con discapacidad se agrava en Santa Fe, especialmente en el transporte, donde el 50% de los prestadores abandonó la actividad por falta de rentabilidad. Esto genera enormes dificultades para que miles de personas puedan asistir a centros de rehabilitación, educativos y de día, provocando un escenario de desesperación en las familias.
Desde la Asociación de Transportes Especiales de Santa Fe (Atraes) reclaman al gobierno nacional el cumplimiento efectivo de la ley de emergencia en discapacidad, ya sancionada por el Congreso, pero que —según denuncian— no se aplica. En la provincia hay 138.000 personas con Certificado Único de Discapacidad, 45.000 de ellas en Rosario, y cada vez menos vehículos habilitados para su traslado.
El congelamiento de aranceles, el aumento de los costos —especialmente del combustible— y la falta de actualización de las prestaciones provocaron la caída del sistema. Actualmente, el valor que se paga por kilómetro está muy por debajo del costo real, haciendo inviable sostener el servicio. Además, advierten sobre la quita de pensiones y un cambio de enfoque del Estado nacional que reduce la discapacidad a una mirada meramente médica, dejando de lado su dimensión social.