El gobierno nacional dispondrá de recursos por u$s 200 millones para ejecutar en 2019 un Programa de Apoyo a Políticas de Igualdad de Género, a fin de fortalecer el marco normativo e institucional de respaldo a las oportunidades de las mujeres y niñas.
El proyecto comenzará a desplegarse en los próximos meses y entre las novedades previstas se impulsará la ampliación de las licencias por paternidad y las jornadas reducidas transitorias para personas a cargo de niños de 0 a 4 años; la mejoría en la calidad de los servicios de cuidado infantil; y el fortalecimiento de competencias de las fuerzas policiales y de seguridad para la investigación de femicidios.
Las acciones a emprender se respaldarán en un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el primero en el mundo de este tipo, enfocado exclusivamente en las reformas de política.
Tales modificaciones estarán orientadas a cerrar las brechas de género, lo cual incluye la formulación de proyectos de ley, planes nacionales y guías técnicas desarrollados por el Poder Ejecutivo.
El objetivo del proyecto, según la documentación a la que tuvo acceso Télam, es incrementar la autonomía física y económica de las mujeres y fortalecer la capacidad de gestión del Estado para implementar políticas de género.
Las acciones de política previstas apuntarán a aumentar «la posibilidad de las mujeres de llevar una vida libre de violencia y de gozar plenamente de sus derechos reproductivos”.
Se buscará además “promover la capacidad de las mujeres de generar ingresos propios a partir del acceso al trabajo remunerado» y se impulsará «el desarrollo de trayectorias laborales en igualdad de condiciones con los hombres”.
Se alienta la autonomía física de las mujeres, es decir atender su capacidad «para llevar una vida libre de violencia y de gozar plenamente de sus derechos reproductivos”.
Las acciones concretas en este caso buscarán mejorar la gestión de los planes nacionales para la erradicación de la violencia de género y la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia.
Se fortalecerá además la oferta de servicios públicos de salud sexual y reproductiva, y se promoverá la transversalización de la perspectiva de género en la currícula en todos los niveles educativos.
También se promoverá la «autonomía económica de las mujeres”, mediante políticas que amplíen las oportunidades “para una distribución más equitativa de la vida reproductiva”.
Además de la ampliación de licencias por paternidad y las jornadas reducidas transitorias, el proyecto buscará profesionalizar las actividades informales de cuidado infantil, que realizan las mujeres de modo predominante y promover un marco de gestión de recursos humanos más equitativo en los sectores público y privado.
El proyecto buscará a su vez jerarquizar las instituciones y programas, tanto a nivel oficial como privado; y generar información para dar seguimiento al gasto público dirigido a promover la igualdad de género y afianzar las medidas dirigidas a reducir la violencia de género.
En diciembre se difundirá la visión del Estado sobre el Plan de Igualdad de Oportunidades y la sistematización de acciones a nivel nacional y en junio próximo se realizará una evaluación externa del INAM (Instituto Nacional de las Mujeres), destinada a evaluar los procesos dentro del organismo.
A mediados de 2019, asimismo, se desarrollará un protocolo para la atención integral y derivación de mujeres en situación de violencia de género y se difundirá un Referencial IRAM (Instituto de Normalización y Certificación) de gestión de calidad ocupacional, que incluya el compromiso empresario de no discriminación por género.