Doce sindicatos, cinco municipalidades, escuderías de TC, pilotos de competición, tres organismos públicos, entre ellos un ministerio, son solo algunos de los de los 3.500 usuarios que se beneficiaron «comprado» facturas apócrifas para evadir al fisco a través de unas 100 «usinas» comandadas por la organización delictiva encabezada por Heber Ariel Russo y Claudio Gómez. A través de esa metodología estafaron a la AFIP por $ 5.000 millones –mil millones más de lo que se creía originalmente- al evadir impuestos como el IVA, ganancias y salidas no documentadas.
Gómez era el encargado de conseguir los clientes que provenían de todo el país. Tanto es así que el juez federal de Quilmes, Luis Antonio Armella, a cargo de la causa, le ordenó a la Prefectura Naval Argentina, al mando del prefecto general Eduardo Scarcello, más de 50 allanamientos en localidades como Santa Rosa, Pinamar, La Plata, Avellaneda, Sarandí, Quílmes, Lanús, Lomas de Zamora, Bolívar, Tandil, Ezeiza, Exaltación de la Cruz, Ciudad de Buenos Aires, Puerto Iguazú, Córdoba, Rosario, Lomas de Zamora, Santa Cruz, entre otros lugares.
En la causa ya fueron identificados la mayoría de los 3.500 beneficiarios de esas facturas electrónicas apócrifas y las 100 «usinas» generadoras de ellas. Todas las «usinas» tenían como titulares a personas indigentes y de bajos recursos acercados a la banda por el policía en actividad –ya fue separado de la fuerza- Darío Benavides, pariente de Gómez, quien además era el custodio y «culata» del grupo.
El uniformado no solo era el encargado de aproximarse y convencer a los indigentes de aceptar firmar la documentación y hasta realizar los trámites ante la AFIP como presuntos responsables inscriptos sin límite de facturación. También era el que les pagaba entre $ 5.000 y $ 10.000 a las denominadas «usinas» por prestar sus nombres.
El resto corría por cuenta de Russo. Él se encargaba de poner a nombre de las personas «sin capacidad económica» las sociedades o reales a través de las cuales se facturarían los trabajos nunca realizados para descargar los impuestos.
Entre los municipios que utilizaron buena parte de las facturas truchas generadas por estas «usinas» figuran la Municipalidad de Pilar, a cargo de Nicolás Ducoté (PRO) quien asumió el cargo en diciembre de 2015; y la Municipalidad de José C Paz., cuyo intendente es un histórico del peronismo del Conurbano Bonaerense Mario Alberto Ishii (reasumió funciones en diciembre de 2015. Pero antes había sido el alcalde del distrito entre el 10 de diciembre de 1999 y la misma fecha pero de 2011). En otras intendencias, la AFIP detectó cientos de miles de pesos facturados con boletas apócrifas por la venta de arena, cemento, cal, pintura y otro tipo de presuntas prestaciones, como publicidad y encuestas.
También están involucradas la Municipalidad de La Calera, Córdoba. Está a cargo del reelecto intendente justicialista Rodrigo Rufeil, también ex ministro de Desarrollo Social del gobernador Juan Schiaretti. Es el mismo Rufeil denunciado por la diputada de Cambiemos Elisa Carrió por presunto enriquecimiento ilícito, imputación negada por el aludido funcionario.
Por otro lado, la Municipalidad de Puerto Iguazú, a cargo de Claudio Raúl Filippa, también figura entre los involucrados. El alcalde ya fue procesado en dos causas iniciadas por su ex esposa por los presuntos delitos de «lesiones leves» y «lesiones leves y amenazas». Uno de los procesamientos quedó firme y ya fue elevado a juicio.
Otro de los organismos que utilizó facturas truchas es el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), a cargo de Rodrigo Aybar.
En diálogo con uno de los altos funcionarios de ese organismo, se aseguró que cuando el juez Armella los cite a declarar demostraran que la facturación apócrifa –que existe- correspondía a la administración del peronista Daniel Scioli.
Sindicatos
A la cabeza de ellos se encuentra el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicios, Garajes, Playas de Estacionamiento y Lavaderos (SOESGyPE). Su titular es Carlos Acuña, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT.
Apenas se conoció la noticia del allanamiento a la sede de su sindicato, los abogados del gremio primero reconocieron la existencia de esas facturas truchas. Pero minimizaron su importancia. Aseguraron que había tan solo un puñado de ellas y que se habían utilizado para el pago del alquiler de micros y un hotel. Los peritos de Prefectura descubrieron durante el allanamiento a la sede sindical facturas por USD 9.000.000.
Por eso, los investigadores sostuvieron al ser consultados por este medio que el gremio de Acuña fue el que más facturas apócrifas le «compró» a la banda de Russo y Gómez.
El sindicato de choferes de camiones, cuyo titular es Hugo Moyano, uno de los gremialistas que primero apoyó al gobierno de Mauricio Macri, y ahora está fuertemente enfrentado, es otro de los que usó facturación proveniente de las cien «usinas» ilegales.
A diferencia del resto de los sindicatos, sobre Camioneros la AFIP ya terminó de realizar los peritajes sobre la defraudación al fisco.
Como la suma es inferior al millón y medio de pesos, Moyano, después de reconocer la utilización de esas facturas «homologadas por la AFIP» –cosa que es verdad ya que el CUIT de las empresas fantasmas era reales– ingresó a un «plan de pago» para abonarle al fisco –con los intereses que corresponden- la suma defraudada.
La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), a cargo del histórico referente sindical, Luis Barrionuevo, también figura en la lista negra de organizaciones obreras que se beneficiaron con las facturas falsas. Por esa razón Barrionuevo también está imputado en la causa.
Como en todos los casos, el juez Armella deberá determinar un punto clave: si la utilización de las facturas apócrifas fue «dolosa o culposa». Es decir si intendentes, ministros o sindicalistas sabían que estaban utilizando ese tipo de documentación, o lo hacían empleados o funcionarios infieles a sus espaldas para sacar un provecho económico.
El magistrado también deberá establecer si además del delito de «evasión» se realizaron otro tipo de maniobras, como por ejemplo, «lavado de dinero». En ese caso la situación judicial de los imputados se agravaría.
Otro de los gremios que en principio son investigados por haberse beneficiado con las «usinas» de facturas truchas para evadir impuestos y posiblemente lavar dinero negro son los sindicatos de Trabajadores de Juegos de Azar, la Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero; el Sindicato de la Carne y Afines; el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines; Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral; y el Sindicato de Empleados del Caucho y Afines.
Turismo carretera
La organización criminal consiguió sus primeros «clientes» entre algunos pilotos y escuderías de Turismo Carretera (TC), en sus distintas categorías, entre ellas las del Top Race. En la causa se estableció que Gómez era el encargado de conseguir los «clientes» y que por esa actividad, Russo le «pagaba» 150.000 pesos por mes, más el 4% de la facturación conseguida en cada factura.
Para lograr su cometido el «socio» de Russo –ambos detenidos- montaba un show en las inmediaciones de arena. Cada fin de semana llegaba temprano a la pista en que se corría –no importaba si era en La Rioja o en Paraná- con sus camionetas relucientes y una docena de provocativas promotoras con sombrillas en la mano, y los «clientes» llegaban como abejas a la miel.
Entre los pilotos más comprometidos se encuentran, Daniel Vázquez, integrante del equipo Quilmes Plas Racing y que en la temporada 2017 terminó en el puesto 35; Fabio «Kelo» Torres, un bolivariense corredor de Turismo Pista en las clases 2 que solía competir con un Chevrolet; y Mariano Tripichio. Los tres –conocidos en el ambiente fierrero aunque no tanto para el gran público- fueron detenidos y después excarcelados por el magistrado.