Organizaciones del sector advirtieron que los incrementos no compensan la pérdida acumulada, estimada en alrededor del 70%, y denunciaron la falta de aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad
El gobierno nacional anunció una recomposición salarial de entre el 29,7% y el 35,4% para los prestadores de servicios de discapacidad, que se aplicará en tres tramos: octubre, noviembre y diciembre. Sin embargo, el anuncio fue duramente cuestionado por familias, organizaciones y trabajadores del sector, que lo consideraron “insuficiente” y “contrario a la ley vigente”.
La medida fue comunicada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras una reunión con el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud. Según lo informado, las prestaciones de transporte, rehabilitación, hogar, residencia y apoyo tendrán aumentos del 14% en octubre, 10% en noviembre y 8% en diciembre, mientras que el resto de los servicios recibirán 12%, 8,25% y 7% respectivamente.
Desde las organizaciones del sector advirtieron que los incrementos no compensan la pérdida acumulada, estimada en alrededor del 70%, y denunciaron la falta de aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada en agosto.
Laura Alcaide, integrante de Orgullo Disca, sostuvo habló en Radio UNR y dijo que el aumento “fue producto de la presión social”, pero que “no alcanza para sostener a los prestadores ni garantizar las prestaciones básicas”. Además, criticó que el Gobierno mantenga la política de déficit cero, priorizando el ajuste por sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Por su parte, el Foro Permanente de Discapacidad (FORO) también rechazó el anuncio, remarcando que el porcentaje “es claramente insuficiente frente a la inflación” y alertando que los nuevos montos “recién se percibirán entre marzo y abril de 2026”.
Las entidades del sector insistieron en que el Ejecutivo debe cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que prevé una recomposición inmediata para evitar el colapso del sistema de prestaciones. “No se trata solo de números —concluyó Alcaide—, sino de garantizar derechos que hoy están siendo vulnerados.”