El secretario de Trabajo, Julio Cordero, explicó que el propósito es actualizar una legislación de más de 50 años y construir consensos antes del envío del proyecto al Congreso
El gobierno nacional comenzó a delinear una reforma laboral integral que será presentada en diciembre y debatida durante 2026. La iniciativa forma parte del paquete de reformas “de segunda generación”, junto con la tributaria y la previsional, y tiene como meta «modernizar» el mercado laboral argentino, donde el trabajo informal alcanza el 43,2%.
El borrador se presentará el 15 de diciembre, con participación de empresarios y sindicatos, según lo acordado en el Consejo de Mayo. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, explicó que el propósito es actualizar una legislación de más de 50 años y construir consensos antes del envío del proyecto al Congreso.
Entre los principales puntos del plan se destacan:
- Convenios por empresa y mayor flexibilidad para negociar condiciones laborales.
- Salarios dinámicos ligados al mérito y desempeño individual.
- Extensión del período de prueba a seis meses (y hasta 12 en pymes).
- Digitalización y simplificación de trámites laborales.
- Banco de horas para reorganizar la jornada laboral.
- Fondos de cese laboral como alternativa a la indemnización tradicional.
El ministro Federico Sturzenegger señaló que el objetivo es fomentar la contratación formal y que la reducción de impuestos al trabajo será gradual. Mientras tanto, la UIA respalda la reforma como clave para mejorar la competitividad, pero la CGT advierte que se opondrá a cualquier intento de reducir derechos laborales.
Otro eje sensible será la reforma de la ley de riesgos del trabajo, ante los más de 120.000 juicios anuales por accidentes o enfermedades laborales. Empresarios piden previsibilidad y menores sobrecostos, mientras que expertos proponen fortalecer las comisiones médicas.
Finalmente, el nuevo esquema salarial plantea que las empresas negocien directamente con sus sindicatos internos, reemplazando los pisos por techos de referencia y eliminando la indexación automática por inflación, con ajustes vinculados a la productividad y la capacidad económica de cada sector.
El Gobierno confía en alcanzar un equilibrio entre productividad y derechos laborales, aunque reconoce que el desafío será significativo.