La diputada nacional Graciela Ocaña (Cambiemos) ampliará hoy una denuncia contra el líder de Camioneros, Hugo Moyano, por supuesto desvío de fondos de la obra social del gremio hacia sociedades pertenecientes a su familia, en el marco de una causa a cargo del juez federal Claudio Bonadio.
Además, la legisladora pedirá al juez que «se designe un veedor y/o un interventor judicial en todas las empresas, a los fines de que no puedan obstaculizar la investigación», según la denuncia a la que accedió Télam.
«Todos los argentinos a través de sus impuestos y el Estado Nacional a través del Presupuesto se ven perjudicados por los ilíicitos cometidos por Moyano», aseguró Ocaña en la presentación que hará este mediodía en los tribunales federales de Retiro.
Ocaña requerirá además que la Superintendencia de Servicios de Salud, por orden del magistrado, «designe un interventor en la Obra Social de Camioneros».
La legisladora ampliará la denuncia en una investigación que data del 2006 en relación a supuestas defraudaciones en la obra social de los Camioneros y apuntará a sociedades que se vinculan a Moyano y su familia, «IRAI SA», «Dixey SA», «Organización de Seguridad Las Marías SA» y «AConra SA».
En base a informes de la Inspección General de Justicia y a un reporte de la Unidad de Información Financiera que ya está en la causa, Ocaña entendió que se «pone en evidencia el desvío de fondos pertenecientes a la obra social de camioneros, al sindicato de camioneros y a la mutual, todas ellas administradas por Hugo Moyano en favor de un entramado de sociedades pertenecientes a su familia, con el consecuente perjuicio a los trabajadores del sector».
El «conglomerado empresarial» comenzó sus actividades en el 2006 en coincidencia «con el interés de Hugo Moyano en obtener la conducción de la CGT», analizó la legisladora.
Para ello habría actuado en «dos frentes»: se garantizó un «importante ingreso mensual de fondos que debería ser utilizado teóricamente para brindar servicios de salud a sus afiliados» y, por otro lado, expandió «su poder a partir de una captura de trabajadores de otros gremios a favor de su sindicato».
Para ello habría usado, según Ocaña, «un subsidio que implicaba la devolución de las cargas sociales a las empresas que incorporaran a camioneros entre sus filas» y que estuvo vigente desde el 2002 al 2014 con un «costo de miles de millones a todos los argentinos».
El subsidio permitió al gremio pasar de 40 mil a 200 mil afiliados, remarcó.
«Se están malversando caudales públicos, no puede caber ninguna duda al respecto», sentenció Ocaña en la denuncia.
Y puso como ejemplo a una de las sociedades, «IRAI SA», una «gerenciadora creada para absorber los fondos de la Obra Social, realizando una intermediación parasitaria que serviría para lavar dinero y pasar fondos a la familia Moyano».
Esa sociedad se creó en el 2004 con un capital inicial de 15 mil pesos y «sin antecedentes comerciales» pero desde 2005 «se produce el milagro con la firma del contrato con Camioneros»
En otro caso, Dixey, Ocaña sostuvo que se creó en el 2002 y un año después entró la «familia Moyano Zulet» a la sociedad que compró tres inmuebles, uno de ellos en el que fijó domicilio particular la esposa de Moyano, Liliana Zulet.
«Mientras las empresas de su esposa ganan millones, el sindicato pierde plata», sostuvo hoy Ocaña en declaraciones a radio Continental y advirtió que hay una «administración infiel» porque «están vaciando la obra social y enviando el dinero a las empresas».
Además sostuvo que mientras la obra social «es mal administrada, las empresas presentan ganancias de más de 30 millones de pesos y propiedades en Parque Leloir».
Moyano «ha gozado de la impunidad que le da el apriete, el modo que tiene de conducirse por la vida, de insultar, patotear», concluyó.