Luego de la aprobación del Presupuesto en Diputados, el oficialismo parece haber dado por terminada la agenda de proyectos que generan divisiones en el recinto, ya que tiene previsto encarar una última sesión el 21 de noviembre con un temario corto, acordado previamente con la oposición.
El demorado proyecto de ley de alquileres, largamente reclamado por las asociaciones de inquilinos, y la llamada «ley corta» de comunicaciones convergentes dominarán dicho temario, al que podrían anexarse otras iniciativas que no impliquen un nivel controversia más allá de lo tolerable, como por ejemplo la ley de Semillas.
Más allá de algún cisne negro que motive al gobierno a girar un proyecto en diciembre, el planteo original es bajar el telón del año parlamentario en Diputados ese mismo miércoles 21 de noviembre, para terminar el 2018 en paz y no repetir la experiencia traumática de diciembre del año pasado, cuando la discusión por la ley de reforma previsional abrió paso a una batalla campal con decenas de heridos y detenidos.
En el tintero quedarían temas que en su momento habían sido tildados de «prioritarios» por el propio Gobierno, como el de Financiamiento de Partidos Políticos, la ley de extinción de domino o la reforma a la ley de Educación Sexual Integral (ESI). Y hay dudas sobre lo que sucederá con la propuesta radical (acompañada por la oposición) para gravar con impuesto a las Ganancias a los jueces, así como también la elección del nuevo Defensor del Niño.
Tras la discusión del proyecto de aborto legal, se reeditaron los enfrentamientos entre «verdes» y «celestes» por la ESI, aunque ahora los sectores que pujan para que la educación sexual sea declarada de orden público en todo el país deberán aguardar hasta el año que viene.
En el caso de la ley de financiamiento de campañas electorales, fue el propio gobierno el que reaccionó al escándalo por los supuestos aportantes falsos a la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires a través del envío de un proyecto de ley que apunta a dotar de un manto de transparencia al sistema a través de la bancarización total de los fondos electorales. Pero para la oposición se trata de un caballo de troya que, disfrazado de buenas intenciones, en realidad esconde una trampa: la legalización de los aportes empresarios para las campañas. La polémica se adueñó del asunto y, para colmo, la Coalición Cívica y un sector de la UCR manifestaron sus reparos a la iniciativa, hecho que terminó por dejar en punto muerto la discusión: así las cosas, las elecciones del año que viene continuarían regidas por el actual régimen de financiamiento.
También quedaría sin tratarse este año la ley de extinción de dominio, dado que tanto Elisa Carrió como el massismo insisten con tratar su proyecto original, que busca expropiar inmuebles adquiridos con fondos provenientes de ilícitos sin esperar a una sentencia. La versión aprobada en el Senado, en cambio, sostiene que la extinción de dominio debe ejecutarse en el fuero penal una vez que haya una sentencia de primera instancia.
La del 21 de noviembre será la tercera sesión ordinaria del año y la reunión número 16 del recinto: todavía resta que se agregue una nueva visita informativa del jefe de Gabinete, Marcos Peña, en fecha a confirmar, para brindar su último informe de gestión.