Transportistas, profesionales, instituciones y familiares se manifestaron para exigir la aprobación urgente de la Ley de Emergencia en Discapacidad
Una nueva jornada de protesta tuvo lugar frente a la sede de Gobernación de Santa Fe en Rosario protagonizada por trabajadores vinculados al sistema de atención a personas con discapacidad. Transportistas, profesionales, instituciones y familiares se concentraron para exigir la aprobación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuyo debate está previsto para el miércoles próximo. La movilización fue convocada por profesionales independientes del sector, pero contó con el acompañamiento de todos los actores afectados por una crisis que ya consideran insostenible.
Pablo Bolego, presidente de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad (ATRAES), señaló que el reclamo se da “en una situación gravísima que venimos atravesando hace tiempo”. Si bien su sector no convocó formalmente a la protesta, Bolego sostuvo que acompañan a quienes sí lo hicieron porque “el transporte es un servicio vital para muchas personas con discapacidad, y hoy está al borde del colapso”. Según explicó, la tarifa oficial que se paga por el litro de combustible es tres veces menor al precio real, lo que hace que muchos transportistas abandonen la actividad. “Estamos cerrando servicios porque no podemos sostenerlos. Por eso el miércoles vamos a estar en vigilia frente al Congreso esperando que se apruebe la ley”, anticipó.
Desde las instituciones, Mariel Chapero, representante de APRIDIS, expresó que “la situación crítica abarca a todos: personas con discapacidad, profesionales, instituciones, transportistas. Es una cadena completa que está al borde de dejar de funcionar”. Chapero remarcó que la expectativa está puesta en la sesión del Congreso, aunque advirtió que muchas organizaciones ya no tienen cómo pagar sueldos o sostener servicios básicos. “Hay profesionales cobrando con cinco o seis meses de demora, en un contexto de precarización extrema”, denunció. También aseguró que si la ley no se aprueba, la semana próxima podría haber nuevas medidas de fuerza.
Por su parte, Gabriela Fernández, psicóloga y coordinadora del área de accesibilidad de la Facultad de Psicología de la UNR, fue una de las voces más contundentes en la plaza. “Lo que está pasando con las personas con discapacidad es un genocidio, un exterminio”, expresó. “No hay coberturas de ningún tipo y esta desregulación del sistema hace que todos corramos riesgo”, agregó. Fernández aseguró que desde las universidades públicas también se sienten impotentes: “Acompañamos las trayectorias de estudiantes con discapacidad, pero con el desfinanciamiento actual y la caída de los salarios, es muy difícil sostener esos espacios. La deserción está creciendo”.
La movilización de este jueves fue una antesala de la vigilia que se prepara para la sesión del miércoles próximo en el Congreso, donde se discutirá la Ley de Emergencia en Discapacidad. El proyecto contempla una serie de medidas urgentes para recomponer un sistema que, según advierten sus protagonistas, ya no puede seguir funcionando en las condiciones actuales. La expectativa está puesta en que haya quórum para su tratamiento y en cómo responderá el Poder Ejecutivo si la norma es sancionada. Mientras tanto, el sector seguirá en alerta.
La iniciativa que se debatirá en el Congreso de la Nación “busca asegurar hasta el 31 de diciembre de 2027, los derechos fundamentales de las personas con discapacidad”, incluyendo el acceso a prestaciones de salud, educación, trabajo, pensiones no contributivas y protección social.
Además, la Ley de Emergencia en Discapacidad contempla el fortalecimiento de los prestadores básicos y el cumplimiento efectivo del cupo laboral, con incentivos para las empresas que contraten personas con discapacidad.
Esta jornada federal incluirá movilizaciones, actividades culturales y actos públicos en distintas ciudades del país, con el fin de visibilizar la crítica situación que atraviesa el sector.