Gremio UPCN informó que el ministro Sturzenegger prepara fusión entre la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial
El Gobierno de Javier Milei vuelve a avanzar contra el Estado con una nueva medida que amenaza directamente la seguridad vial y el control del transporte público. Bajo la excusa ya conocida de eliminar “superposiciones de funciones”, el ministro Federico Sturzenegger prepara una fusión entre la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), dos organismos fundamentales que cumplen roles complementarios, no redundantes, y cuyo accionar resulta clave para preservar la vida en la vía pública.
Ambas instituciones, dependientes del Ministerio de Transporte, tienen funciones específicas que el Gobierno nacional pretende borrar de un plumazo: mientras la CNRT fiscaliza y regula el transporte público automotor y ferroviario, la ANSV trabaja en la prevención de siniestros viales, concientización ciudadana y elaboración de políticas de seguridad vial en todo el país. Su funcionamiento no solo no se solapa, sino que se articula para proteger los derechos de millones de personas que viajan todos los días.
Pero lejos de fortalecer las estructuras que cuidan a la ciudadanía, el plan de desregulación impulsado por Sturzenegger en la recta final de sus facultades delegadas apunta a una nueva ola de vaciamiento estatal. En nombre del “achique”, lo que se viene es más precarización, más riesgos y menos presencia del Estado donde más se lo necesita.
Como ya ocurrió con otros entes públicos, el argumento de la “eficiencia” encubre una política brutal de recortes, despidos y recentralización de funciones que pone en jaque el rol del Estado como garante de derechos. La eliminación o fusión de organismos con trayectoria, equipos técnicos capacitados y funciones claras es parte de una avanzada que busca transformar al Estado en una estructura mínima, desprovista de capacidad operativa.
A pocas semanas de que venzan las facultades que le permiten legislar por decreto sin pasar por el Congreso, Sturzenegger acelera una batería de reformas que implican no solo la pérdida de empleo para cientos de trabajadores, sino un retroceso enorme en políticas públicas construidas durante décadas.
Defender a la CNRT y a la ANSV no es solo defender dos organismos: es sostener un modelo de país donde el Estado esté al servicio del cuidado, la regulación y la justicia social. Es rechazar la lógica del ajuste que transforma derechos en gastos y vidas en cifras.
Mientras el Gobierno nacional avanza con motosierra y sin brújula, las y los trabajadores del Estado, junto a vastos sectores de la sociedad, siguen de pie defendiendo lo que tanto costó construir.