El hecho tuvo lugar el pasado 15 de abril en pleno centro de Rosario y la resolución judicial dispuso la internación del acusado en un establecimiento de salud mental.
Una audiencia que debía tratar un caso de lesiones leves derivó este martes en la suspensión del proceso penal, luego de que los médicos forenses determinaran que el imputado no está en condiciones mentales de afrontar el juicio. El hecho tuvo lugar el pasado 15 de abril en pleno centro de Rosario y la resolución judicial dispuso la internación del acusado en un establecimiento de salud mental.
El caso se remonta a la noche del 15 de abril de 2025, cuando, alrededor de las 23.40, un hombre de 54 años identificado como D.G.G. agredió con un elemento cortante en el cuello a otra persona sobre calle Santa Fe al 1200, entre Mitre y Entre Ríos. La víctima resultó con lesiones leves. El agresor fue detenido el 18 de mayo y puesto a disposición de la Justicia.
Durante la audiencia realizada el 21 de mayo en el Centro de Justicia Penal de Rosario, el fiscal Carlos Covani informó que, tras la detención, médicos forenses determinaron que D.G.G. no está en condiciones psiquiátricas de afrontar un proceso judicial. En base a ese diagnóstico, el fiscal solicitó la suspensión provisoria del proceso penal y pidió que el acusado sea internado para evaluar su estado de salud mental.
La jueza de Primera Instancia, Dra. Eleonora Verón, dio lugar al pedido de la Fiscalía y dispuso la intervención de la Junta Especial de Salud Mental. Además, ordenó la derivación de D.G.G. a la Colonia Psiquiátrica de Oliveros, donde deberá ser evaluado por un comité interdisciplinario de admisión.
Como parte del procedimiento, también se dio aviso al Juzgado de Familia en turno y se fijó una audiencia de control para dar seguimiento a la situación del imputado.
Mientras se aguardan los resultados de la evaluación médica, el proceso judicial queda en suspenso. La resolución responde a la necesidad de garantizar el debido proceso y resguardar la salud del acusado, en un marco legal que contempla la situación de las personas con padecimientos mentales dentro del sistema penal.