La concejala Fernanda Gigliani presentó un proyecto para que los edificios de propiedad horizontal ubicados en el macrocentro de la ciudad cuenten con grupos electrógenos o alguna fuente alternativa de energía
Ante los frecuentes cortes de luz que afectan a Rosario, la concejala Fernanda Gigliani presentó un proyecto para que los edificios de propiedad horizontal ubicados en el macrocentro de la ciudad cuenten con grupos electrógenos o alguna fuente alternativa de energía. El objetivo es garantizar servicios esenciales como el funcionamiento de ascensores y la iluminación en espacios comunes, especialmente en situaciones de emergencia.
En diálogo con Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario, Gigliani sostuvo que la iniciativa responde a una necesidad concreta: “La realidad hace que podamos pensar en que las nuevas construcciones en propiedad horizontal tengan que contar con grupos electrógenos o alguna fuente alternativa de electricidad”.
La concejala remarcó que los cortes de energía representan un problema cotidiano para quienes viven en edificios, pero que afectan especialmente a adultos mayores y personas con discapacidades, quienes enfrentan mayores dificultades para subir escaleras o acceder a servicios básicos cuando no hay luz.
Gigliani, representante del bloque peronista, indicó que su propuesta fue bien recibida incluso por sectores del ámbito de la construcción. “Lamento que el panorama cotidiano ya naturalizado en nuestra ciudad sea que, cuando tenemos bajas o altas temperaturas, amplios sectores se quedan sin energía eléctrica”, expresó.
Además, la edila planteó que para los edificios ya existentes se podría establecer un plazo de 24 meses para adaptarse a esta nueva normativa, aunque dejó en claro que está dispuesta a discutir ese aspecto con especialistas y actores del sector. “Los consorcios pueden priorizar la compra de un generador para garantizar el suministro de agua potable en lugar de otras inversiones”, señaló.
El proyecto apunta a que Rosario avance en medidas concretas para mitigar los efectos de la crisis energética y proteger a los sectores más vulnerables. De aprobarse, marcaría un precedente en la planificación urbana con criterios de resiliencia y accesibilidad.